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5.500 familias valencianas en riesgo de exclusión esperan una vivienda social

La consellera de Vivienda, María José Salvador (centro).

Carlos Navarro Castelló

“La nula política de vivienda social que ha habido en los 20 años de gobierno del PP al frente de la Generalitat ha dejado un desastroso panorama en el parque público de vivienda que el nuevo Consell del Botánic está tratando de solucionar, dentro de los escasos recursos disponibles”.

Así de contundente se ha mostrado la consellera de Vivienda, María José Salvador, quien ha presentado este martes un balance del plan de dignificación de vivienda pública presentado hace un año.

En este sentido, Salvador ha destacado que de las 700 viviendas del parque público que al entrar el nuevo Consell estaban vacías e inhabitables por su estado casi ruinoso, se han rehabilitado y adjudicado a familias necesitadas con alquileres sociales 360 y otras 100 se repararán y adjudicarán en breve.

La consellera ha comentado que pese al escaso margen económico actual, la diferencia con el PP es que este Consell ha priorizado “el gasto en las necesidades básicas de las personas”.

En este sentido, ha comentado que si de julio de 2011 a julio de 2015 el PP gastó 5,5 millones en reformar el parque público de vivienda, es decir, 3.902 euros al día, “en poco más de un año el nuevo Consell ha destinado 4,7 millones de euros, lo que supone 8.625 euros al día, más del doble”.

Salvador ha informado que en el primer año de gestión se han presentado y prebaremado a través de la Entidad de Infraesructuras de la Generalitat (EIGE) más de 5.500 solicitudes de alquiler social por parte de familias en riesgo de exclusión.

Ante la falta de inmuebles del parque público para atender esta demanda (solo quedan libres las 340 que faltan por rehabilitar), la consellera ha explicado que prevén atender las solicitudes con la aprobación de la Ley por la Función Social de la Vivienda que está debatiendo Les Corts, según la cual los bancos estarán obligados a ceder sus pisos vacíos en régimen de alquiler social.

Por otra parte, Salvador ha comentado que están regularizando la situación de las familias morosas que no podían hacer frente a las mensualidades.

En este sentido, ha dicho que se les está asignando alquileres adecuados a sus ingresos (en ocasiones de 15 y 18 euros) y que 1.122 familias han accedido a firmar actas de reconocimiento de deuda. Por la firma de este documento se comprometen a abonar la deuda en el momento que tengan disponibilidad económica.

Otro de los problemas que ha afrontado la Conselleria de Vivienda es el de la ocupación ilegal de viviendas públicas. Cuando entró el nuevo Consell, había 500 pisos ocupados por familias desde hacía años.

En estos casos, Salvador ha explicado que se está tratando de regularizando la situación de estas familias ofreciéndoles alquileres sociales.

En el caso de las ocupaciones recientes, unos 160 casos, se procederá la desalojo, puesto que las viviendas ocupadas se deben destinar a aligerar la lista de espera del EIGE.

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