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La trama de las campañas del PP de Barberá asaltó el Parlamento valenciano con seis empresas y contratos troceados

José Adolfo Vedri, propietario y accionista de un holding empresarial de 25 empresas que facturó millones de euros a la administración.

Sergi Pitarch

José Adolfo Vedri, un conocido empresario de la comunicación de Valencia, fue la columna vertebral de las sucesivas campañas electorales que la todopoderosa Rita Barberá ganó en los años 2003, 2007 y 2011. Junto a su socio José Martí Almenar llegaron a montar un holding empresarial de 23 empresas que consiguieron más de 30 millones de euros de contratos públicos en la Generalitat. Además, trabajaron para ayuntamientos, empresas públicas y hasta para las Corts Valencianes, donde consiguieron decenas de contratos de la Cámara autonómica fuera de los ojos de la oposición.

Vedri era, según Álvaro Pérez El Bigotes, su competencia en la pugna por ser la empresa de cabecera para las campañas electorales del PP. De hecho, ha señalado a sus empresas como partícipes de la financiación ilegal de los populares en la ciudad de Valencia. El empresario fue detenido y está imputado en el caso Taula por presuntamente haber amañado contratos en la empresa Imelsa, epicentro de la trama fraudulenta que investiga un agujero millonario en la sociedad pública y su vinculación con el asesoramiento político al PP.

Según la información en poder de eldiario.es, el modus operandi utilizado para trabajar en las Corts Valencianes fue similar al que habrían utilizado en otras administraciones públicas y que se investiga en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. La documentación fue solicitada por la diputada de Compromís Marian Campello para la comisión de investigación parlamentaria del caso Taula, pero el adelanto de las elecciones autonómicas provocó su fin y la documentación no llegó a salir a la luz.

En el año 2006 -se calcó el modo de trabajo de estas empresas en los años 2002, 2003, 2004 y 2005- hasta seis sociedades de José Adolfo Vedri y compartidas con su socio José Martí Almenar consiguieron 30 contratos diferentes por servicios de montaje de actos, impresión de felicitaciones y carteles o exposiciones del Parlamento valenciano. Se trata en este ejercicio de Engloba Diseño y Marketing; Vía Libre Grupo Comunicación; Pliego Digital; La Gràfica, W.I.C. Imagen y Comunicación y Process Color, que ingresaron solo en ese ejercicio 254.408,97 euros, según la documentación en poder de este periódico.

Todos estos 30 contratos fueron menores, adjudicados de urgencia y de un montante inferior a los 10.000 euros, aunque la inmensa mayoría superiores a 9.000. ¿Por qué? Según el propio expediente de contratación, estas cantidades inferiores a 10.000 euros permitían al presidente de las Corts, el popular Julio de España, evitar un acuerdo de la Mesa donde estaba la oposición. De esta manera, se evitaba la  fiscalización de los partidos de la oposición, en aquella época de PSPV y Esquerra Unida. 

Un ejemplo de la estrategia orquestada por la presidencia de las Corts y las sociedades de Vedri son los actos de la campaña de Navidad de 2005. La Cámara valenciana se gastó en los actos 43.918 euros, pero no se hizo en un solo proceso público de adjudicación como marca la ley por el elevado montante económico, sino en cinco contratos que se adjudicaron a otras tantas empresas, todas del grupo de José Adolfo Vedri. 

Así, su empresa Proces Color SL recibió 9.994 uros por el montaje de la ornamentación de la campaña de Navidad. La firma W.I.C Imagen y Comunicación cobró 9.500,6 euros por el montaje de la ornamentación para Navidad en la fachada de las Cortes. Vía Libre Grupo de Comunicación recibió 9.814,93 euros por la redacción del plan de medios de la campaña y la grabación de una cuña de radio. La Gráfica cobró 9.968 euros por las felicitaciones de Navidad y varios carteles. Por último, Engloba Diseño percibió 4.640 euros por el diseño y la conceptualización de la campaña de Navidad. Un troceamiento de libro puesto que todos los conceptos podían y debía haberse unido en un solo expediente de contratación.

Llama la atención que cuatro de los cinco contratos estuvieran muy cerca de los 10.000 euros. De esta manera, solo el gabinete de Presidencia de las Corts sabía de la existencia de estos trabajos y de las empresas que formaban parte.

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