Reforma del sistema de financiación: Consenso (con matices) entre el Consell y los grupos políticos
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha reunido este lunes con los miembros de la comisión mixta Consell-Corts sobre la reforma del sistema de financiación para abordar el informe de la comisión de expertos que se conoció la pasada semana. En la cita ha estado presente el representante valenciano en la comisión, Francisco Pérez, quien emitió un voto particular en el que expresaba la necesidad de una reestructuración de la deuda que incluyera una quita.
Tanto el jefe del Consell como la vicepresidenta Mónica Oltra han coincidido en destacar el consenso alcanzado en el 90% de un documento “denso y prolijo”, que pretende acabar con el controvertido statu quo pero que no contempla la condonación de la deuda. Además, han querido llamar la atención sobre la “unidad” en la reivindicación valenciana y han reclamado el cumplimiento del calendario marcado por la Conferencia de Presidentes, de modo que el nuevo modelo de financiación pueda estar aprobado antes de que finalice 2017, “un sistema que posibilite la igualdad entre ciudadanos y acabe con la actual asimetría existente entre territorios”.
Ximo Puig ha recordado que el texto valora la insuficiencia financiera del sistema en 16.000 millones de euros anuales, así como que la Comunitat Valenciana tiene unos ingresos procedentes del sistema de financiación autonómico “treinta puntos inferiores a los de otras comunidades, lo que hace inviable nuestro autogobierno”. No obtante, ha apuntado que a partir de ahora viene la fase política, la negociación del nuevo modelo, donde se debe mostrar la “unidad, fortaleza y determinación de los grupos”.
Consenso, pero menos
Pese a lo “positivo” del encuentro, parece que el consenso no es absoluto entre los representantes de los grupos representados en las Corts. En este sentido, si bien los representantes de PP (Rubén Ibáñez), PSPV (José Muñoz), Compromís (Fran Ferri), Podemos (Fabiola Meco) y Ciudadanos (Antonio Woodward) están de acuerdo en la necesidad de mayores recursos y de la reestructuración de la deuda, los matices aparecen cuando aparece el tema de la quita, que es la reivindicación que realizó Pérez al informe por medio de un voto particular.
Así, mientras Woodward considera que es poco viable una condonación, “es complicada porque se está hablando de 21.000 millones de euros”, Ibáñez se muestra todavía más reticente y advierte que el informe no habla de quita más allá de los votos particulares. El diputado popular ha insistido en que esa deuda “al final, alguien la tiene que pagar y si la asume el Estado, quedaría en una situación dramática”. No obstante, insiste en que es necesaria una reestructuración de la deuda, “algo que ya planteamos en 2013 y nos quedamos solos apoyando esa propuesta”. “Desde entonces, ha habido reestructuración: Entonces había 38.000 millones de euros con una carga financiera de 1.215 millones y ahora tenemos una deuda de 42.000 millones con una carga de 400”.
Ibáñez también ha reivindicado que las directrices marcadas por el documento de expertos son las mismas que el Consell del PP planteó en 2013, “se han perdido cuatro años, pero entonces estábamos solos y ahora estamos todos de acuerdo”. “Se han avalado las tesis que siempre hemos defendido, un modelo en el que prime un fondo equitativo y que no haya diferencias entre las comunidades”, ha dicho el representante del PP, quien ha apuntado que se da un giro en el aspecto tributario “en dirección contraria” a lo que marca el actual Gobierno valenciano: “Estamos exactamente igual que en 2013”.
