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13.000 millones en el limbo. La deuda histórica, ni está ni se le espera

El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, junto al President Alberto Fabra

Miguel Giménez

VALENCIA —

Son 13.000 millones de euros, correspondientes al periodo 2002-2012, los que el Estado adeuda a la Comunitat Valenciana. La conocida como 'deuda histórica', provocada por un deficiente modelo de financiación autonómica que no ha tenido en cuenta la población real valenciana a la hora de las aportaciones que Madrid a la Generalitat para hacer frente a los gastos en Sanidad, Educación y Bienestar Social, es algo a lo que parece que el Consell ha renunciado, y más después de que el Gobierno la haya descartado reiteradamente, considerando además la reclamación “inaceptable”.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reconocía este mismo viernes en Valencia que, pese a la existencia de las “tremendas” diferencias existentes entre los ingresos de las diferentes comunidades autónomas provocadas por el actual modelo de financiación, el ministerio de administración no contempla la “retroactividad”, con lo que se descarta la asunción de la conocida como 'deuda histórica'. Sin embargo, sí que se reconoce en territorios como Extremadura porque están recogidos en su estatuto de autonomía.

Reivindicación “desde la lealtad”

El President Fabra aprovechaba la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Valencia para reivindicar “desde la lealtad” un nuevo modelo de financiación “más justo” con la Comunitat Valenciana, de modo que se puedan garantizar los servicios en Sanidad, Educación y Bienestar Social. Fabra no ha desaprovechado la ocasión para recordar que el actual modelo de financiación lo firmó el PSOE en 2009.

Ante esta reclamación, Mariano Rajoy explicaba que “habrá tiempo para resolver antiguos e importantes problemas” e insistía, “tened la total y absoluta y certeza y seguridad de que pronto volverán los tiempos mejores”.

Deficiente financiación

Esta deficiente financiación está provocando que los ajustes que ha venido haciendo la Generalitat Valenciana hayan sido muy importantes -con recortes de hasta 2.800 millones de euros en el gasto en los últimos tres ejercicios, 2011/2013-, con importantes repercusiones en los servicios al ciudadano.

Precisamente, en el presupuesto para el presente ejercicio, las transferencias del Estado serán de 8.200 millones de euros, 1.800 millones menos de los que serían necesarios para poder hacer frente a los gastos de las competencias transferidas -Educación, Sanidad y Bienestar Social-.

Objetivo de déficit superado

Esta misma semana también se conocían los datos fiscales de las comunidades autónomas, y la Valenciana se encontraba entre las seis regiones que no han complido con el objetivo de déficit marcado por el ministerio de Hacienda para el ejercicio de 2013. Así, la Comunitat Valenciana acabó el pasado año con un déficit del 2,33%, siete décimas por encima del tope marcado por Madrid, 1,6%.

Sin embargo, en el Consell se mostraban satisfechos por estos datos, y sacaban pecho de que CV es la autonomía que “más ha contribuido a la reducción del déficit de las comunidades autónomas”, en palabras del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, mientras que el vicepresidente del Consell, José Císcar, aclaraba esta misma semana que el déficit no es de gastos, sino de ingresos, por lo que “no se va a repercutir en ajustes destacables a los ciudadanos”.

Renuncia a la deuda histórica

El Partido Popular ha rechazado en Les Corts, a propuestas de la oposición -la última de ellas de Compromís- reclamar al Gobierno la 'deuda histórica', al considerar que la solución al problema de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana se encuentra en el nuevo modelo de financiación, en el que se está trabajando actualmente y para lo que se ha buscado una alianza con comunidades como Baleares o Murcia.

Precisamente, Císcar lanzaba un mensaje a Beteta y Montoro, ante las reiteradas declaraciones que surgen desde el ministerio haciendo oídos sordos ante la deuda histórica afirmando que no existe “obligación legal” al respecto. El vicepresidente aseguraba que la infrafinanciación es evidente y quien “no la vea, nos tendrá enfrente”.

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