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El fiscal investiga al PP valenciano por comisiones del 3% en contratos públicos

Anticorrupción sólo pide prisión para la mano derecha de Barberá, encargada de gestionar las cuentas del partido, tras tomar declaración a la mayoría de detenidos por la Operación Taula

El juez del caso Imelsa fija una fianza de 150.000 euros para la exedil Alcón

María José Alcón, exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, con varios periodistas. EFE

Los 24 detenidos y cinco imputados por la trama corrupta supuestamente desarrollado desde el PP de Valencia están acusados de varios delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. No, de momento, de financiación ilegal. Eso podría cambiar pronto.

La investigación del caso Imelsa u Operación Taula se desarrolla por muchas vías, una de ellas, los ingresos aparentemente irregulares del PP. Según El Confidencial,varias instituciones controladas por los populares cobraban comisiones ilegales del 3% a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Ese modus operandi ha podido ser habitual en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia.

Eso explicaría que la única petición de prisión de la fiscalía haya sido para Carmen García Fuster,  las imputaciones de cuatro miembros del PP local con acceso a las cuentas y el mensaje insistente que llega desde los investigadores: Rita Barberá, ahora senadora, y Gerardo Camps, exvicepresidente de la Generalitat y ahora diputado en el Congreso, podrían estar implicados en el asunto.

Financiación ilegal y blanqueo de dinero

García Fuster, la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, controlaba las cuentas del partido en la ciudad. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión -no atendido por el juez, que la ha dejado en libertad con cargos- por las supuestas irregularidades en las finanzas de la formación.

La mano derecha de Barberá pudo urdir o participar de un burdo sistema para blanquear dinero procedente, presuntamente, de donaciones ilegales o mordidas en la adjudicación de contratos: concejales o trabajadores del partido transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recibían, para no dejar rastro, en billetes de 500. El PP niega esa práctica.

La tesis de la Fiscalía es que las comisiones ilegales -ese supuesto 3%- obtenidas mediante la adjudicación de contratos públicos servían para lucrar a miembros de la trama y para engrasar con dinero negro el funcionamiento del partido. La Audiencia Nacional juzgará la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana por otro caso sonado, Gürtel. En él está imputado David Serra, exnúmero dos del partido, también investigado en la Operación Taula.

Los imputados, con acceso a las cuentas

El resto de imputados del PP de Valencia estarían sujetos a investigación por su acceso a las cuentas del partido. Alfonso Novo, como presidente del partido; María José Pi, como administrativa del grupo popular en el Ayuntamiento, y Luis Salom, como asesor. Todos han declarado ante la Guardia Civil a la espera de comparecer ante el juez. Los otros miembros del PP detenidos en la operación, la exconcejal María José Alcón y su exasesor, Pedro Aracil, fueron detenidos por los indicios de su implicación en el cobro de comisiones, sin perjuicio de su participación en la supuesta financiación ilegal.

El papel de Barberá

Los investigadores apuntan que Gerardo Camps y Barberá, en el senado tras 24 años (1991-2015) en la alcaldía, podrían ser salpicados por el caso. Esquerra Unida, el partido que destapó el caso, cree que la senadora estaría imputada de no tener la condición de aforada por su pertenencia a la cámara alta. No se le podría investigar sin el preceptivo permiso del Tribunal Supremo. De momento, la exalcaldesa guarda silencio.

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