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El Consell sustituirá el copago por una tasa a dependientes y discapacitados

La norma, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, viene motivada por la sentencia del TSJCV que anula el decreto sobre el copago

El PP ha rechazado la propuesta de Esquerra Unida para que la Generalitat renuncie a recurrir el auto y a cualquier otra medida

El sector de la discapacidad se ha movilizado en contra del copago

El sector de la discapacidad se ha movilizado en contra del copago

El Consell convertirá el copago de servicios sociales de personas mayores y discapacitados sin dependencia en una tasa, y para ello utilizará una ley dirigida a todos los ciudadanos beneficiarios de residencias y centros públicos financiados por la Generalitat, incluidos los dependientes.

Esta decisión está motivada por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), conocido la pasada semana, que anula el decreto del Gobierno autonómico que fija los precios públicos del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados no dependientes.

La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha destacado que la nueva ley incluirá las mejoras anunciadas por su departamento antes del verano para mejorar la prestación de dichos servicios y reducir en algunos casos la aportación que se hace por ellos.

La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2015 para que "cuanto antes todos los que pueden beneficiarse de las mejoras ya previstas lo puedan hacer". Los responsables auntonómicos han resaltado que de esta forma actacan la sentencia del TSJCV aunque los servicios jurídicos de la Generalitat no descartan presentar un recurso de casación contra ella.

Recurrirá la sentencia del TSJCV

En este sentido, el PP ha rechazado en Les Corts una proposición no de ley de Esquerra Unida que instaba al Consell a renunciar a recurrir la sentencia del TSJCV, así como a la imposición de cualquier medida debido a que "apoya al Gobierno", además de apuntar que el fallo "no cuestiona el copago", sino que se tiene que regular "con mayor rango normativo".

Desde EU han denunciado que el decreto se implantó con "nocturnidad y agosticidad", con lo que se cometió "un delito de fraude de ley contra los sectores más vulnerables", para compensar la infrafinanciación y "recuperar lo que han saqueado", mientras que la diputada de Compromís Mònica Oltra ha calificado esta medida de "el repago de la vergüenza, hace pagar a la gente para tener una vida digna".

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