“Decenas de sentencias” cuestionan la ley de transparencia del Consell
La mayoría absoluta del PP ha rechazado en Les Corts Valencianes -y la abstención de Esquerra Unida, que defendía que el debate de la iniciativa aunque no está de acuerdo con su contenido-, las enmiendas a la totalidad del PSPV y Compromís al proyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana.
Socialistas y nacionalistas solicitaban la devolución al Consell del texto al considerar que es un “maquillaje” para aparentar transparencia en víspera electoral en un “intento exculpatorio” del PP, mientras que Esquerra Unida ha indicado que aunque es “electoralista” se puede mejorar en la tramitación. Los populares, por su parte, han defendido que el proyecto persigue “sin atajos” una gestión eficiente basada en las transparencia.
El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha destacado que las “novedosas” medidas que incluye la ley y afectan a los cargos públicos pueden producir “cierta inquietud”, pero la sociedad “exige transparencia y ejemplaridad”, por lo que ha pedido “altura de miras” y consenso para aprobarla.
Así mismo, se ha referido a que esta ley, que contempla un amplio régimen sancionador y la creación de un órgano independiente para velar por su cumplimiento, “reniega de un tradicionalmente asentado sentido patrimonialista de la información publica”, la cual no es propiedad de los gobiernos, sino de la ciudadanía.
Desde la oposición, mientras los socialistas señalaban que el PP quiere “dejarse arreglado poder acceder a la información que han negado a la oposición durante 20 años”, Compromís, por medio de su diputado Fran Ferri advertía que la Generalitat “puede acabar la legislatura con 50 sentencias de opacidad”.
Algunas medidas
Entre las medidas que propone este proyecto de ley, se dispone que los altos cargos de la Comunitat Valenciana puedan ser cesados por el incumplimiento de normas de transparencia, se retirarán las placas conmemorativas por razón de condena con sentencia firme y parte de su sueldo -al menos un 10 por ciento- se vinculará al cumplimiento de objetivos asignados, que serán evaluados por una entidad “experta e independiente”.
También se contempla la obligación de publicidad activa por por parte de aquellas entidades que reciban más de 10.000 euros de ayudas públicas al año y la difusión públicas por parte de cargos públicos de su declaración de bienes y derechos patrimoniales y variaciones.
Del mismo modo, se plantea la creación de un inventario de los obsequios recibidos por razón del cargo, así como la publicación de la información relativa a los estudios de opinión con indicación de los importes por gastos de elaboración y empresas adjudicatarias, así como el gasto anual en campañas de publicidad y de promoción institucional. Esta ley también prevé establecer la publicación de los gastos de caja fija por órgano directivo.
