La Generalitat se lava las manos en la 'caza del topo' y responsabiliza al jefe de Seguridad de Fabra
La Generalitat Valenciana se limpia las manos en el escándalo de la 'caza del topo del Palau' -que buscaba un filtrador de información interna comprometida- y ha responsabilizado en exclusiva al jefe de seguridad de Alberto Fabra, que ya fue fulminado por el ejecutivo valenciano. El conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, ha insistido este miércoles en que no hubo “orden alguna” para que la Policía de la Generalitat realizara interrogatorios para encontrar al responsable de la filtración de documentos del Consel. Asimismo, ha destacado que el entonces jefe de seguridad del Palau, Rafael Piqueras, actuó “a título individual”.
Santamaría ha comparecido este miércoles en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts Valencianes, a petición del PSPV y EUPV, para explicar las filtraciones de documentos del área de Presidencia y el papel realizado por la Policía Autonómica en la investigación realizada al respecto para encontrar al 'topo'.
El conseller, quien ha eludido hablar de “conjeturas, sospechas u ocurrencias”, ha explicado que el pasado octubre, cuando se enteró “por un medio de comunicación” de “posibles interrogatorios policiales a empleados públicos”, ordenó la apertura “inmediata” de una investigación interna de carácter reservado para “esclarecer la veracidad de lo publicado y dirimir las posibles responsabilidades”.
Luis Santamaría ha indicado que, de los informes y declaraciones del expediente, se ha concluido que “la Policía de la Generalitat no ha buscado al 'topo'. No ha habido orden alguna y no ha sido parte de la actividad de nuestros agentes”, ha manifestado.
Asimismo, ha indicado que hubo “dos entrevistas” entre el responsable de seguridad del Palau y el asesor de prensa del vicepresidente del Consell, José Císcar, realizadas “a título individual” por parte del policía y a las que el asesor accedió “voluntariamente”.
Del mismo modo, ha indicado que existen “discrepancias” en algunos asuntos relativos a estos encuentros porque “el inspector jefe dice que toda la entrevista transcurrió en una situación de normalidad sin ningún tipo de presión por su parte, mientras que el asesor dice lo contrario”.
El conseller ha recordado que el jefe de seguridad del Palau fue destituido de sus funciones. También ha explicado que se trasladaron los hechos a la Fiscalía de Valencia, quien abrió diligencias de investigación, que fueron remitidas al juzgado de instrucción número 15, que incoó diligencias previas que forman parte de un proceso judicial que está en curso.
“La gaviota, el topo y el bulldog”
El síndic de EUPV, Ignacio Blanco, ha destacado que “hay tres escándalos: la gaviota, el topo y el bulldog”. El primero se refiere a “los gastos personales cargados al erario público”, el segundo a “la filtración de documentos” y el último a “una actuación parapolicial del jefe de seguridad de Palau que actúa como Clint Eastwood en 'Harry el sucio', al margen de ley”, ha subrayado.
Según Ignacio Blanco, la “presa” ha sido un asesor del vicepresidente y “los dos sospechosos de las filtraciones son personal de su confianza”. “¿Por qué no cogen al señor Císcar y le interrogan a ver si canta?”.
Del mismo modo, el portavoz adjunto del PSPV, Rafael Rubio, ha leído el escrito del fiscal y ha dicho que no se cree que “se le ocurriera al policía solo realizar el interrogatorio”. “Al señor Piqueras le dio la orden un responsable político de Presidencia”, ha aseverado el socialista.
Rubio ha instado a Santamaría a que “si de verdad se enteró por el periódico” de los interrogatorios, “más vale que dejase su puesto y se dedicara a otras cosas”. Del mismo modo, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha dicho que “si se ha enterado por la prensa, no sé si está habilitado para ocupar el puesto que ocupa en el Consell”.
“Dos límites”
La oposición ha criticado que la Conselleria no haya facilitado información solicitada sobre este tema. Santamaría ha indicado: “Queremos ser lo más transparentes posible”, pero ha matizado que en este asunto hay dos límites“. Éstos son ”la propia naturaleza del expediente disciplinario, que incluye datos personales que deben ser salvaguardados y protegidos“ y que este asunto ”es objeto de un a investigación que está en curso“.
“En este caso no tenemos nada que esconder, ni ocultar, ni ninguna connivencia”, ha dicho el titular de Gobernación, quien ha añadido que “si fuera así, no habríamos abierto un expediente y llevado a la Fiscalía”.
