Montón asegura que “la exclusión sanitaria tiene los días contados”
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, cree que la “amenaza” de multas por prestar asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares es una “salida de tono sin fundamento” y opina que “la exclusión sanitaria en España tiene los días contados”.
En declaraciones a EFE, la consellera se ha referido a la advertencia formulada ayer por el secretario de Estado de Sanidad, Rubén Moreno, a las comunidades autónomas de que devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares puede suponer multas millonarias por parte de la UE.
En el ámbito del Tribunal Constitucional “ya hubo un pronunciamiento contra el recorte de los servicios en el País Vasco, y se recomendó velar por la salud de las personas migrantes en situación irregular”.
“También el Consejo de Europa, en enero de 2014, juzgó la supresión de la asistencia como ilegal, y dijo que el pretexto de la crisis no podía servir para negar la asistencia sanitaria”, ha apuntado Montón.
La consellera ha citado también a Naciones Unidas, al recordar que “también arremetió en contra de esta medida, que calificó de inaceptable, y exigió al Gobierno de España un cambio de rumbo”.
“Si queremos recordar multas catastróficas tenemos la sanción de 19 millones de euros por las facturas sanitarias ocultas por el anterior gobierno del PP de la Comunitat Valenciana”, ha añadido.
A su juicio la reacción del Gobierno central obedece al “nerviosismo propio de saber que la exclusión sanitaria en España se termina y tiene los días contados, los que le quedan a Rajoy en el Gobierno”.
Esta exclusión, ha explicado “afectó a 100.000 personas en la Comunitat Valenciana”, si bien se estima que 30.000 de ellas la recuperarán.
“No es algo que financieramente sea inasumible para nosotros. Si hablamos en costes económicos es mucho más gravoso una atención en urgencias que una atención a nivel de prevención o de atención primaria”, ha añadido.
“Pero no quiero reducirlo a términos económicos, yo creo que la salud de las personas se tiene que medir en el bienestar, no en euros, porque estamos hablando de una atención básica, fundamental, que es la asistencia sanitaria que está dentro de los derechos humanos”, ha concluido.
