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El hombre que destapó las irregularidades del IVAM, propuesto para presidir la Agencia Antifraude valenciana

Joan Llinares es respaldado por tres asociaciones jurídicas para dirigir el ente que luchará contra la corrupción en la administración valenciana

Fundación por la Justicia propone también a Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica contra la corrupción y al periodista Sergi Castillo

La abogada María del Carmen Calatayud ha presentado su propia candidatura

El abogado Joan Llinares (derecha), propuesto para dirigir la Agencia Antifraude

El abogado Joan Llinares (derecha), propuesto para dirigir la Agencia Antifraude

El hombre que destapó las irregularidades del IVAM durante la dirección de Consuelo Císcar y que limpió el Palau de la Música de Barcelona tras la gestión de Félix Millet tiene muchas posibilidades de ser quien lidere la lucha contra la corrupción valenciana. Joan Llinares (Alzira, 1953), abogado, economista y gestor cultural, ha sido propuesto por tres asociaciones cívicas para dirigir la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana.

Este ente, impulsado por Podemos, estará adscrito a las Cortes y su propósito es prevenir la corrupción y favorecer una cultura de buenas prácticas en la Administración valenciana.

Llinares es licenciado en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria al frente de instituciones: fue administrador del IVAM entre 1989 y 2000, director general del Museu Nacional d'Art de Catalunya entre 2001 y 2009, director general del Palau de la Música de Barcelona hasta 2011, cuando pasó a director gerente de Edicions Bromera. En 2015 fue requerido por Ada Colau para dirigir los servicios jurídicos y de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona y, ahora, es propuesto para la Agencia Antifraude valenciana.

Tanto para el Palau de la Música como para el IVAM se le requirió por el mismo motivo: auditar las cuentas de los anteriores gestores, ambos imputados por diferentes causas. De hecho, el juicio a Millet por haberse apropiado de más de 3 millones de euros en el Palau comienza este miércoles, mientras que Consuelo Císcar fue imputada hace un año por irregularidades en el museo valenciano, junto a cuatro subdirectores. Llinares facilitó la documentación que después se convirtió en informe para acreditar la mala gestión de Císcar.

En el coliseo catalán, Llinares sacó a la luz las irregularidades que comenzarán a juzgarse esta semana. Entre ellas, permitió investigar pago de comisiones por parte de la construtora Ferrovial, a través de la entidad, a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Consiguió en 18 meses al frente del Palau que se le devolvieran cerca de ocho millones de euros además de 1,6 millones procedentes de Suiza.

Las asociaciones que aúpan a este candidato son el Observatori Valencià Contra la Corrupciò, Acción Cívica Contra la Corrupción y Fundación por la Justicia. Esta última ha presentado a otros dos candidatos para dirigir la agencia: Antonio Penadés, abogado y presidente de Acción Cívica, y el periodista Sergi Castillo, autor de dos libros que abordan la corrupción valenciana en la época del PP: Tierra de saqueo y Yonquis del dinero. Por su parte, la abogada María del Carmen Calatayud ha presentado su propia candidatura.

Penadés ejerció como acusación particular en el caso Cooperación, que investiga el desvío de ayudas del Gobierno valenciano al Tercer Mundo, que nunca llegaron a su destino. Por la primera pieza de esta causa -quedan 2 pendientes de juicio- el exconseller Rafael Blasco (además marido de la exdirectora del IVAM) cumple condena de 8 años en prisión.

Una vez presentados los candidatos, las Corts Valencianes tendrán que fijar fecha para la comisión que evaluará las tres propuestas. Los tres nombres propuestos deberán acreditar independencia de partidos políticos, título universitario relacionado con las funciones de la Agencia y 10 años de experiencia profesional en el ámbito funcional de la agencia.

El mandato del director será de siete años, tendrá que comparecer al menos una vez al año en las Corts y su rango será de director general. El ente no tendrá capacidad para inhabilitar a cargos públicos, pero sí para establecer sanciones de hasta 400.000 euros.

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