La justicia lleva 8 años sin castigar un incendio en Náquera igual al de Cullera
Una justicia lenta, como reza el aforismo, no es justicia. Y en Náquera (6000 habitantes, a 24 kilómetros de Valencia) algo deben saber de esto. La investigación del incendio producido en 2006 tras el lanzamiento de unos fuegos artificiales que quemó 2.5 hectáreas de bosque junto a la sierra Calderona, uno de los pulmones de Valencia, sigue atascado en vía judicial.
Ni el alcalde del municipio en aquel momento, Ricardo Arnal, del PP, que llegó a estar imputado por delito ecológico, sabe en qué punto está el caso, atascado en los juzgados de Llíria. De reproducirse la historia, el incendio que acaba de quemar la montaña de Cullera bien podría cerrarse sin responsabilidades políticas ni penales.
El alcalde de Cullera, pese a las reclamación de dimisiones de la oposición y el cabreo de buena parte de la sociedad valenciana, ha minimizado la importancia del incendio, calcado al de Náquera. En octubre de 2008, en las fiestas patronales del pueblo, el ayuntamiento no renunció a disparar fuegos artificiales pese a que Generalitat había decretado el nivel 3 de preemergencia por el riesgo de incendios.
No importó. El castillo, con base a 500 metros de un paraje protegido, el Parque Natural de la Calderona, arrasó 2,5 hectáreas de terreno. El ayuntamiento, cuyos responsables alegaron desconocer la prohibición implícita en la alerta dictada por la Generalitat, imputaron el incendio a la acción de algún pirómano. La Guardia Civil, que encontró restos de carcasas en la zona quemada, y la Fiscalía, que halló “relación de causa-efecto entre dicho incendio y el castillo pirotécnico”, pensaban de otra manera.
El alcalde y el concejal de fiestas, Vicent Estellés, fueron imputados por un presunto delito ecológico, gracias, entre otras cosas, a que Ecologistas en Acción ejerció la acusación popular. El caso, ocho años después, sigue abierto. Además, la investigación judicial paró la depuración de responsabildades por vía administrativa. La Generalitat, dijo, no se pronunciará a la espera de la decisión del juez.
Ocho años después, no hay responsables políticos ni penales del destrozo en un paraje protegido. En Cullera, tal vez podría suceder lo mismo.
