La línea roja de Alberto Fabra resquebraja al PP valenciano
La doctrina oficial contra la corrupción de Alberto Fabra está abriendo varios frentes en el PP. Los barones del partido –Rita Barberá o Alfonso Rus, por ejemplo- han discutido reiteradamente la línea roja del presidente de la Generalitat, que aparta de sus cargos a los imputados por corrupción.
Ahora, otro episodio de esa guerra entre poderes del partido se ha trasladado a Alicante. En Novelda (27.000 habitantes), la alcaldesa, Milagrosa Martínez, se resiste a dejar su cargo pese a que será juzgada en marzo por una de las tramas del caso Gürtel. El PP tramita su expulsión. En Orihuela, un municipio con gran parte de los concejales del PP imputados, la guerra en el partido es total.
Milagrosa Martínez se enroca
Martínez, expresidenta de las Corts Valencianes y exconsellera de turismo, está acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por la contratación en principio ilegal de varias empresas de la trama Gürtel en Fitur, la feria internacional del turismo. La Fiscalía pide 11 años de prisión para la alcaldesa de Novelda. Ésta dejó su escaño en el parlamento, pero ha desoído todas las peticiones del partido para dejar su sillón municipal. Su agrupación local, rota, ya ha pedido su expulsión.
La batalla de Orihuela
Orihuela es uno de los bastiones del PP, hasta el punto de que parece que el electorado no castiga la corrupción. El partido, sin embargo, decidió tomar el control de la agrupación municipal después de que seis concejales –muchos de ellos imputados- se negaran a votar contra la corrupción. El nombramiento de una nueva dirección local, tutelada por José Císcar, vicepresidente de la Generalitat y presidente del PP de Alicante, ha devenido en una batalla campal: Los críticos han solicitado en Madrid la revocación de los comités electoral y de campaña.
Barberá, Castedo, Rus….
Sólo Fabra parece defender la línea roja de Fabra. La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aguantó meses los envites del presidente para dejar su cargo. Y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a través de su número 2, y el presidente de la Diputación de Valencia, que sólo destituiría a un cargo una vez condenado, han mostrado, a veces sin disimulo, su rechazo a la doctrina anticorrupción del número 1 del PP valenciano.
