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La Comisión Europea admite a trámite la denuncia ecologista contra la reforma de la planta de residuos de Elche

Margalló-Ecologistes en Acció ha venido criticando que no se haya sacado a concurso público la modificación del contrato valorado en 19 millones de euros

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La planta de tratamiento de residuos de Elche

La planta de tratamiento de residuos de Elche

La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes ha comunicado esta semana a Margalló-Ecologistes en Acció que ha admitido a trámite su denuncia sobre la modificación del contrato del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Baix Vinalopó con la mercantil UTE Urbahormar, cambio que conllevaba la reforma de la Planta de Tratamiento de Residuos de Els Cremats de Elche. La denuncia pasará a ser examinada por los servicios de la Comisión a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia.

El pasado mes de octubre, el consorcio de residuos del Baix Vinalopó (formado por la Diputación de Alicante y diez ayuntamientos encabezados por Elche) aprobó el proyecto de reforma de Els Cremats, movimiento que por su forma de proceder hizo saltar las alarmas del colectivo ecologista. Desde entonces, han venido insistiendo en que se habría producido un “supuesto incumplimiento” de diferentes normativas europeas, tanto de contratación pública como medioambientales. En concreto, Margalló denuncia que la adjudicación de la reforma de la planta no debería haberse adjudicado directamente a la UTE Urbahormar, formada por Urbaser y CHM, sino que debería haber comportado una resolución del contrato con estas mercantiles, por su entidad y por su alcance, ya que está valorada en cerca de 19 millones de euros.

Para este procedimiento, los ecologistas entienden que debería haberse realizado un nuevo procedimiento de contratación, en el que se contemplara una nueva licitación pública abierta a la competencia. En caso alternativo se debería haber realizado un nuevo procedimiento de contratación exclusivamente de las obras de remodelación de esta planta de residuos. Con todo, desde Margalló-Ecologistes en Acció creen que también se incumplió el principio de transparencia, al no publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea ni en ningún otro diario oficial la modificación del contrato del Consorcio con la UTE Urbahormar.

Las obras de ampliación de la planta de residuos tienen como finalidad cumplir con los objetivos del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, cuestión que el grupo ecologista inciden en que “se han venido incumpliendo sistemáticamente desde su aprobación en el año 2013”, por cuanto que dicho Plan se halla en la actualidad en revisión para adecuarlo a las nuevas exigencias tanto del gobierno central como de la Comunidad Europea. Así, el Plan Estatal Marco de Residuos, aprobado por el Gobierno del Partido Popular en noviembre de 2015, establecía como objetivo una reducción del vertido de residuos del 35% como máximo en 2020, “cifra que se nos antoja difícilmente alcanzable con las mejoras que pretenden introducirse (en la actualidad

los vertidos casi duplican esta cifra)”. La Unión Europea, por su parte, a través de la Directiva Marco de Residuos, establece el conseguir un 50% de reutilización y reciclaje en 2020, “porcentaje que se haya muy lejos del 19% que con la recogida selectiva actual y la reforma de Els Cremats se podría en el mejor de los casos alcanzar”, añaden.

“La nueva planta de tratamiento nacerá, pues, incumpliendo los objetivos establecidos tanto por el gobierno español como por la Comunidad Europea”, avanzan. Para Margalló-Ecologistes en Acció, la única forma de poder alcanzar las tasas de vertido, recuperación y reciclaje anteriormente citadas establecidas por las administraciones estatal y europea pasa por adoptar medidas como el SDDR (sistema de depósito, devolución y retorno de envases) y, sobre todo, por la recogida selectiva de la fracción orgánica, constituyente del más del 50% del total de los residuos urbanos. Dicha recogida, según establecen el todavía vigente PIR y el Plan Zonal de la zona XVIII, “debería estar implantada desde el 2009 para los grandes productores (supermercados, restauración, mercados municipales, empresas agroalimentarias, etc.) y debería haberse comenzado a implantar desde el 2010 a toda la población”, recuerdan.

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