El tripartito de progreso y el de la reacción
La involución ya es en España un riesgo real. Su primer instrumento está a punto de ponerse en marcha en Andalucía, tras unas elecciones en las que la derecha oficial se ha desangrado en favor de nuevas formaciones como Ciudadanos y Vox, que han conseguido movilizar la reacción a una izquierda desgastada y enfrentada (lo que siempre conduce a su electorado a la abstención), sin feeling con la opinión pública ni un análisis útil de la tectónica política y social.
“Todo lo sólido se disuelve en el aire”, escribieron Marx y Engels en una de las sentencias más famosas adoptadas por los teóricos de la modernidad, entendida como la percepción conflictiva, y a menudo autodestructiva, de efectos tan intensos de la modernización como la revolución tecnológica, los cambios de costumbres y de mentalidades y la democratización de la sociedad.
Ese desanclaje que caracteriza a la modernidad y, con más énfasis, la fase de globalización capitalista, genera fenómenos de reanclaje y rechazo que tratan de volver a etapas y planteamientos erróneamente añorados como más sólidos, en un escenario de fondo sobre el que se deslizan los movimientos políticos reaccionarios en todo el planeta. Unos movimientos que ya están aquí.
Si Mariano Rajoy era un político típicamente conservador que siempre que podía evitaba dar un paso adelante, su sucesor al frente del PP, Pablo Casado, no tiene complejo alguno en filtrear con la idea de retroceder. Algo que legitima plenamente entre su electorado potencial el discurso de Vox, una extrema derecha explícitamente involucionista en su retórica y su programa.
La fórmula, una derecha tradicional que se hunde poco a poco a favor de otra fuerza extremista que atrae al sector más reaccionario del electorado del PP (Vox no se parece a la nueva extrema derecha europea, por más que sea su espacio de interlocución, porque carece por ahora de transversalidad), no daría mucho más juego sin el componente de Ciudadanos, una formación de teórica vocación centrista y regeneracionista que, sin embargo, se expande a lomos de la reacción neoespañolista ante el conflicto institucional creado por el independentismo catalán, al tiempo que se escora significativamente hacia la derecha tradicional, hasta el punto de que su liturgia se solapa a veces con la del nacionalismo de tufo castizo y neofranquista que desprende Vox.
Así las cosas, no deja de resultar paradójica la conformación de ese tripartito andaluz (o más bien de ese tripartito españolista en Andalucía), con el PP y Ciudadanos repartiéndose el gobierno y Vox haciendo valer la llave parlamentaria del poder. ¿Quién le iba a decir al PP que se vería en un trance de este tipo? Como ya le ocurrió antes a la otra fuerza en declive del viejo sistema bipartidista, el PSOE, a los populares se les ha acabado el discurso de las mayorías (absolutas) y los gobiernos en solitario. La derecha ha llegado también al reino de la coalición.
Con ello, se va a tragar el PP muchas de sus consignas más queridas. Se fueron al basurero los viejos argumentarios contra el tripartito catalán de Pasqual Maragall, pero ahora también serán desechados los más recientes contra las “coaliciones de perdedores”. En Valencia, la dirigente de los populares, Isabel Bonig, va a encarar unas elecciones autonómicas en las que sus opciones pasan por la posibilidad de conformar, con Ciudadanos y con Vox, un pacto casi especular del que ha venido combatiendo toda la legislatura, el Pacto del Botánico del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.
No lo tendrá fácil porque una eventual irrupción de Vox en las Corts Valencianes (debe superar el 5% para hacerlo), se produciría con toda probabilidad a costa de la pérdida por parte del PP de la condición de fuerza más votada que todavía mantuvo en 2015, lo que matemáticamente complica un reparto ventajoso de escaños de tres fuerzas contra otras tres. Y porque, a diferencia de Andalucía, la izquierda valenciana se presenta ante el electorado como una opción que suma, que esgrime el patrimonio de cuatro años de gobierno conjunto en los que se ha recuperado la honestidad y se ha reorientado la política hacia los derechos sociales, el rescate de las personas y la lucha contra la desigualdad.
Mientras los valencianistas de Mónica Oltra, que abogan por el derecho a decidir dentro de la legalidad, se han desmarcado muy explícitamente de las maniobras rupturistas del independentismo catalán, los socialistas de Ximo Puig han mantenido, como ha hecho Francina Armengol en Baleares, una posición favorable al diálogo con Catalunya y a la reforma territorial. Sintomáticamente, el valenciano es el único gobierno autonómico que ha hecho pública una propuesta de reforma de la Constitución. Todo muy ajeno a esos gestos de barones territoriales del PSOE que especulan presas del pánico con ilegalizar partidos independentistas, como si asumir el marco conceptual de la involución pudiera servir de antídoto al empuje reaccionario.
Con todas las dificultades que plantea el excitado independentismo catalán, haría bien Pedro Sánchez en mantener en el Gobierno una hoja de ruta basada en que ser “constitucionalista” es progresar, hacer que funcionen efectivamente los mecanismos democráticos, abrir puentes al diálogo y dar oportunidades a la reforma. El próximo mes de mayo librará esa política una batalla clave en el País Valenciano, la principal comunidad autónoma que los socialistas gobiernan todavía, en coalición, como va a ser a partir de ahora en todas partes. La alternativa es la involución.
