Corrupción, oficio de Semana Santa
Han venido así las cosas. El PP ha porfiado tanto en el pecado que se ve ahora metido de lleno en una etapa penitencial. A los concejales populares del Ayuntamiento de Valencia (a todos menos uno, que fue incorporado a última hora en la candidatura tras sobrevivir a otro escándalo de corrupción) les ha invitado su nueva presidenta en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, a reflexionar sobre la respuesta ante su investigación judicial por el supuesto blanqueo de dinero en el grupo municipal y asumir el castigo de dejar sus cargos por el bien del partido. Y les ha dado de plazo hasta después de Pascua para que decidan si se inmolan o la obligan a expulsarlos por desobedecer. Un ejercicio muy apropiado para la Semana Santa.
“Una cosa es ser militante de un partido y otra militar, es decir, ser militante de la militancia; como una cosa es ser oficiante y otra oficial”, escribía el filósofo Xavier Rubert de Ventós a propósito de la paradoja de la profesión de intelectual en un famoso ensayo introspectivo titulado Oficio de Semana Santa. ¿Son militantes de la militancia los nueve concejales imputados? ¿Tan oficiantes del oficio público se sienten como para aferrarse a sus cargos? Todos han dejado entrever estos días que los incentivos morales y materiales para no ceder tienen un peso decisivo.
Con toda probabilidad, los concejales no se irán voluntariamente. Menos aún cuando su destino ha quedado ligado al de su jefa, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que desafió a la dirección del PP valenciano, en la segunda de sus multitudinarias ruedas de prensa desde que sabe que el juez quiere imputarla por los mismos hechos, al sentenciar: “Tienen que dejar el acta al abrirse juicio oral, cuando mandan los estatutos, como yo”. El órdago propició la apertura inmediata de expediente a la senadora y a sus nueve discípulos por parte de la dirección nacional del PP, que preside Mariano Rajoy. Era la única manera de salvar la cuestionada autoridad de la novel dirigente valenciana.
El episodio apuntaló a Bonig, pero ha generado dos problemas nada triviales. Por una parte, si los nueve se resisten, el PP se verá en la tesitura de castigar su desobediencia con la excomunión. Y en consecuencia, perderá la práctica totalidad de su representación municipal en Valencia. Una ciudad donde la derecha podría marcar un hito al hacer que los concejales no adscritos lleguen a sumar el mismo número de efectivos que el grupo del alcalde. Por otra parte, actuar disciplinariamente contra los rebeldes habría de llevar, por pura coherencia, a hacer lo mismo contra Barberá cuando sea imputada formalmente tras el suplicatorio que el Tribunal Supremo enviará al Senado a instancia del juez de Valencia. Pero no hablamos de una dirigente cualquiera sino de una oficiante que ya estaba ahí cuando la cofradía se llamaba todavía Alianza Popular y que presume de tener hilo directo con el propio Rajoy.
Ha dicho este último, con esa infantilización del discurso político hasta niveles de espanto que tanto le caracteriza, que “no tenía ni idea” de lo que ocurría en Valencia con la corrupción y que ha abierto el expediente para “saber exactamente qué es lo que ocurrió”. O sea, que el expediente informativo, como su propia denominación indica, servirá para aclarar lo que pasó. He aquí una pista de lo que puede llegar a suceder. Pongamos que se acaban las vacaciones de Pascua sin que los concejales acepten abandonar sus cargos y a Bonig le llega la hora de la verdad. Si suspende, aunque sea cautelarmente, a los ediles de militancia, pondrá toda la presión sobre el futuro de Rita Barberá. Si no lo hace, quedará desautorizado su discurso de refundación. Pero cabe la posibilidad de que se ampare en el expediente abierto por una instancia superior, a la que debe elevar su decisión, para no tener que tomarla. Y eso, aunque la dejara maltrecha, dada la inveterada costumbre de Rajoy de no resolver los problemas, permitiría ganar tiempo, no se sabe muy bien para qué.
La patada a seguir ha sido hasta ahora la reacción habitual del PP ante el alud de casos de corrupción que carcomen su estructura, siempre a la espera de que marquen los tiempos las decisiones de los tribunales. ¿Es posible insistir en esa actitud? Si los concejales de Valencia se empeñan en no entonar el Miserere -milagro que no hay que descartar-, el calvario no lo recorrerán solos porque el paso por ese vía crucis atañe a la propia dirección del partido, sin que al final de la Semana Santa se vislumbre ninguna resurección.
