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Ikea, "la sombra de la corrupción" y el promotor Ortiz

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Alguien lo sabe todo. Alguien pone el dinero para que la operación culmine. Alguien sigue manejando los hilos… Y mientras tanto, la ciudadanía alicantina está más mareada que la perdiz del refrán. Ya es el cuarto proyecto que emerge entre nosotros para instalar Ikea en Rabassa, para especular con Rabassa, para urbanizar… con Ikea o sin ella. Es el rayo que no cesa, implacable. La llegada de la multinacional sueca a Alicante es casi un espejo de la política local, un tarro de las esencias que huele a chanchullo de despacho.

Doce años de escándalos judiciales le preceden, con alcaldes siempre dispuestos a jugar al truco y trato, en una versión rancia de halloween urbanístico. Los anteriores del PP, Alperi y Castedo, enfrascados en sendos sumarios judiciales por las irregularidades del asunto, el caso Brugal con sus piezas separadas, el informe policial de la UDEF para el blanqueo de capitales… Desde el principio, la implantación de Ikea en Rabassa siempre fue un “pelotazo” urbanístico con un mascarón de proa: el promotor Enrique Ortiz (con su “Alicante Avanza” o con lo que sea), amigo de sus amigos, con yate y jet privado si se tercia. Y se terció. Pero ese ariete urbanizador parece tener más poderío en el sector del que se le supone.

El actual alcalde socialista de Alicante repite en público que la Generalitat está dispuesta a comprar los terrenos de Rabassa para “blanquearlos” –según sus palabras- y vendérselos directamente a Ikea y evitar así “la sombra de la corrupción y la especulación”. Incluso reclama que sea el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, quien vigile el asunto. Juego de despiste en el que el edil ha embarcado a su secretario general, Ximo Puig, que tanto le debe desde las “primarias” que le entronizaron. El alcalde Echávarri incluso se ha jactado, en Radio Alicante, de algo que nadie le había pedido: “Yo, precisamente, no soy sospechoso de haber ayudado a Enrique Ortiz. Le hemos impugnado miles de cuestiones a Enrique Ortiz. En la ATE, el Partido Socialista alegó en contra y firmé yo como secretario general. Bien, pues debe ser la Generalitat la que compre o no compre”. ¿Miles de cuestiones? Por favor.

Sin demasiado convencimiento, el president Puig ha ofrecido su máxima colaboración al respecto, pero la Generalitat está sin un duro, porque no se ha solucionado “la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana”, y el Consell no tendrá más remedio que volver a cuadrar los presupuestos con la partida reivindicativa de 1300 euros. Ajustar las cuentas y poco más. Entonces. ¿Quién va a poner el dinero?

Faltan luz y taquígrafos ante declaraciones que solo pretenden capitalizar políticamente el asunto. Los hechos, sin embargo, son sencillos de entender. En estos momentos, la iniciativa para urbanizar Rabassa la tiene Ikea, que quiere hacerse con los terrenos, quizás utilizando su sección inmobiliaria o un fondo “buitre” afín. La multinacional Ikea pone el dinero y está desbrozando el camino. Ya ha propuesto a los pequeños propietarios de los terrenos que se unan en una Agrupación de Interés Urbanístico, con la que podrán participar directamente en la operación, a la que se está dando un barniz público para envolver en celofán el paquete privado. Uno de esos pequeños propietarios que se agruparán sin duda se llama Enrique Ortiz, quien –recordemos- desistió de la ATE (Actuación Territorial Estratégica) en Rabassa para poder pedir una indemnización de 20 millones de euros dentro del plazo legal. Ese hombre nunca da punzadas sin hilo.

¿Y cuál es el papel de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante en todo esto? Respuesta: Facilitar la operación urbanística agilizando los trámites legales, el papeleo o lo que haga falta. Ya se han realizado reuniones en Valencia y se han dado pasos en esa dirección. Lo demás es propaganda.

Al quedar totalmente desestimada la ATE en los terrenos de Rabassa, después de haber sido disuelta la unión de empresas capitaneada por Ortiz, Ximo Puig abre la puerta a un nuevo modelo de tramitación propuesto “para agilizar y canalizar las grandes inversiones”. La figura del ATE va a ser derogada, y en su lugar se aprobarán los Proyectos de Inversión Económicamente Sostenibles (PIES), con los que se devolverá el protagonismo a los ayuntamientos. Se trata de un modelo de tramitación que facilitará la implantación de Ikea en Rabassa, y otros proyectos similares.

Cambiar la ley como un traje a medida y dejar a Enrique Ortiz dentro del negocio. Otra ironía más de los tiempos que corren.

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