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Insumisión al disparate lingüístico

Chus Villar

La polémica “consulta lingüística” que la Consejería de Educación acaba de plantear es un ejemplo más de cómo se anteponen intereses electoralistas a los intereses de los alumnos, en un asunto de tanta importancia para su futuro como es su formación y, en concreto, el aprendizaje de idiomas.

La disparatada consulta no sólo es criticable en su intención (disminuir la enseñanza en valenciano con fines electorales) sino que falla en el fondo (se encuesta sobre programas bilingües inexistentes) y en la forma, ya que una vez más, se hace de manera antidemocrática, obviando la opinión de la comunidad educativa y publicando la normativa con escasísimo tiempo, como ya se hizo con el decreto que desarrollaba la nueva ley educativa, la LOMCE, que se publicó (atención) durante el verano.

Ahora, la Conselleria publica una resolución (el 12 de diciembre) obligando a los centros a consultar a los padres sobre sus preferencias de enseñanza en lenguas y sólo da una semana para prepararla (pues ha de hacerse el día 19). Para más inri, la consulta es telemática y se requieren varios pasos: los padres deben pasar por los centros, rellenar un impreso para que se les asigne usuario y contraseña, y así poder acceder el día 19 a la página web de la votación. Parece claro que el objetivo es, paradójicamente, impedir la correcta información sobre la iniciativa y hasta la participación real en ella.

Lo importante del asunto es que la consulta pretende determinar la lengua base de enseñanza en los colegios. Este procedimiento es una clara trampa, pues las familias ya eligen la lengua vehicular cuando, al matricular a sus hijos, optan por unos u otros programas de enseñanza. Es evidente, por lo tanto, que la medida se enmarca en la política que viene desarrollando la Generalitat y que sobre todo se ha dejado sentir en el presente curso con la eliminación de líneas de enseñanza en valenciano o el nuevo currículum de Primaria, por cierto, actuaciones recurridas judicialmente.

Tanto sindicatos docentes como la Federación de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) y la organización Escola Valenciana (que ha pedido al TSJ la suspensión cautelar de la medida) se han manifestado en contra de la consulta y de la política que la enmarca. Al Gobierno del PP, como suele ocurrir, le da igual, pero se disfraza de democracia participativa, ahora tan de moda, a la vez queen un alarde de habitual incoherenciarecorta la participación de las familias en los Consejos Escolares a través de las instruccions dades a los centros al comienzode curso.Lo que ocurre es que el PP ha tomado como bandera electoral el valencianismo-españolismo en contra de una supuesta y peligrosa catalanización, y de ello es muestra no sólo el campo de la educación, sino también otras políticas que afectan a lo lingüístico, como bochornosamente hemos podido comprobar con la Ley de Señas de Identidad.

Jugando a engañar con el inglés

A la Generalitat le da igual también echar mano de la manipulación y el engaño para conseguir sus objetivos y, en este caso, se inventa programas bilingües inexistentes, ya que en los carteles que anuncian la consulta y que los colegios están obligados a colgar se dice a los padres que opinen si prefieren que sus hijos estudien en valenciano-inglés o castellano-inglés. Parece que así quiera la Conselleria publicitar (con una segunda intención electoralista) su interés por el trilingüismo, que no pasa de eso, de propaganda, pues conocida es la escasa y dificultosa implantación de unos programas trilingües que carece de una planificación sosegada y realizada por expertos en la difícil tarea de la enseñanza vehicular en tres lenguas, así como de recursos económicos y personal realmente cualificado.

Así las cosas, aparte de seguir denunciando pública y judicialmente los disparates lingüísticos de la Generalitat, habrá que empezar a practicar la insumisión ante la sospecha de ilegalidad y la certeza de la inmoralidad. Los centros no tienen más remedio que convocar la consulta, los padres y madres podemos, como acto consciente de protesta, no participar en ella.

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