Trapero debe ser procesado

Así es, el Major de los Mossos Josep Lluís Trapero debería ser imputado y procesado judicialmente por la comisión de un posible delito el 1-O. Pero no concretamente por el delito de sedición por el cual la Audiencia Nacional ha actuado contra él -al que pronostico que tendrá poco recorrido judicial-, sino por la desobediencia a una orden judicial.

Hagamos memoria primero: el 6 de septiembre, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 19/2017 y rápidamente el Tribunal Constitucional suspendió sus efectos hasta resolverse el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. Desde entonces, tanto el Tribunal Constitucional como otras instancias judiciales han emitido diferentes sentencias, autos y declaraciones que, resumidamente, prohibían la celebración del referéndum e instaban a instituciones, administraciones públicas y cuerpos de seguridad a cumplir el mandato judicial.

Evidentemente, el 1 de Octubre se celebró un referéndum -sin entrar a valorar el contenido y preceptos del mismo- previamente ilegalizado, torciéndose así el mandato de los tribunales y el Fiscal General del Estado. No es poca cosa. Si como hemos oído insistentemente estos días el Estado de Derecho se basa en el respeto a la ley y por ende a las resoluciones de los estamentos responsables de hacerlas cumplir; romper con esta premisa debe conllevar un castigo.

El artículo 118 de la Constitución Española, así como otras leyes (p.e. 6/1985, 29/1998) y sentencias (STS de 14 de septiembre de 2004 y STS de 21 de febrero de 2011), recogen el obligado cumplimiento de las sentencias judiciales que, en una interpretación más amplia, alcanza además a los autos, declaraciones y/o resoluciones. El Tribunal Constitucional ha vinculado este obligado cumplimiento como parte de la tutela judicial efectiva, derecho fundamental consagrado en el art. 24CE, en diferentes sentencias (p.e. STC 37/2007).

En base a todo esto, parece claro que Josep Lluís Trapero debería dar explicaciones y aclararse judicialmente porque, teniendo conocimiento de sus obligaciones, no las cumplió. Seguramente fuese deliberado y entonces estemos ante un claro hecho de prevaricación. Al igual que el resto del Govern de la Generalitat.

¡Pero no queda aquí la cosa! Llegados a este punto, que considero difícilmente cuestionable tanto por la claridad de los preceptos jurídicos como por lo preciso de las órdenes judiciales, cabe aumentar la lista de personas que deberían someterse al proceso judicial que esclarezca los hechos. De hecho, hagamos de nuevo el mismo ejercicio de deducción, disculpad que sea reiterativo:

Evidentemente, el 1 de Octubre se celebró un referéndum que había sido prohibido anteriormente por el Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales. La responsabilidad de cumplir dichas órdenes recaía en los mismos jueces que emplazaron a administraciones públicas, instituciones y cuerpos de seguridad. ¡He aquí la cuestión!

Si Josep Lluís Trapero es responsable de que se celebrase el referéndum, no por llevar su iniciativa (como sí lo sería el Govern y otros órganos y personas), sino por no evitarlo, es difícil sostener que esa misma responsabilidad no fuese compartida por otros mandos policiales, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, a quien también exigía el Fiscal Maza salvaguardar las resoluciones emitidas por los tribunales. ¡Que procesen a Trapero! Pero que también lo hagan con el resto de mandos que, cómo el Major de los Mossos, comparten la responsabilidad de que el 1-O hubiese urnas y votos. E incluso el mismísimo Fiscal Maza.

Y aún hay más. El Ministro del Interior y el Ministro de Justicia también deben asumir esa misma responsabilidad directa como encargados supremos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluidos los Mossos) y de los estamentos judiciales (que no son sólo los jueces). Es más, el Gobierno al completo debería también asumir la responsabilidad de que un acto de tamaña magnitud se celebrase, incumpliendo así las órdenes judiciales a las que todos, incluido el Gobierno, debe someterse. Reitero que no por impulsar deliberadamente un acto ilegal, sino por permitir que éste se produzca.

Rajoy prometió de viva voz que “no habría referéndum el 1 de octubre” y debería dimitir por incumplir su promesa, aunque ésta es una valoración sin duda política. Pero, ¿qué tiene que decir de su incapacidad como máximo representante del Poder Ejecutivo para evitar un acto ilegal?

Ante esta situación los tribunales deberían aclarar el asunto de porque se celebró un referéndum que había sido prohibido y procesar a quien, de una forma u otra, en diferente intensidad, fuese partícipe de que se produjese. Quizás el Gobierno no prevaricó porque no lo fue su voluntad que el 1 de octubre se votase, pero si la cuestión es la incapacidad para llevar a cabo el mandato judicial, la inhabilitación parece la única salida. Los tribunales -espero, aun sabedor de que no sucederá- lo decidirán. No se puede ser kantiano con Trapero y hobbesiano con Rajoy.