Hay un artículo más importante que el 135 en la Constitución

El cascarón se ha roto, y en España ya se habla sin tapujos de una reforma constitucional. Una de verdad consensuada, no realizada con nocturnidad y alevosía, como la pactada en verano de 2011 por PP y PSOE, con el fin de subyugar las demás obligaciones del Estado al pago de la deuda.

Sobre la mesa se han ido colocando diversos temas: la Corona, el modelo de Estado, las competencias autonómicas, el federalismo, las consultas sobre la independencia. Podemos, lo haya distorsionado o no, ha contribuido a inflar un debate que estaba ya presente en la sociedad. Y por mucho que hayan seguido un enfoque top-down -desde arriba hacia abajo- en contraposición al bottom-up –de abajo hacia arriba-, que es como fluía hasta ahora el llamado proceso constituyente, Podemos representa una ventana de oportunidad. Significa la posibilidad de poder cuestionar ciertos tabúes y difundir el mensaje más allá del público receptor al que llegaba hasta ahora.

A lo que íbamos: ¿qué artículo puede ser más importante que uno que establece un techo de deuda y condiciona toda la economía? La respuesta es sencilla: aquél que, a su vez, engloba toda la economía y todas las actividades humanas del país. El que habla del medio ambiente: el artículo 45, que encontraréis en el Título I, Capítulo III: “De los principios rectores de la política social y económica”. Lo reproduzco íntegro, pero la negrita es mía.

Artículo 45.

La primera puntualización puede parecer obvia, pero en absoluto lo es: el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado” no se encuentra recogido en dentro de los “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas” (Sección I, Capítulo II, Título I). Es decir: ése disfrute no es un derecho que, en caso de ser violado, implique toda una serie de responsabilidades graves por quien lo ha perpetrado.

Pero vayamos al artículo: ¿qué demonios es un “medio ambiente adecuado”? Está claro que en el momento de la redacción la conciencia ambiental en España era incipiente (faltaban diez años para el Informe Brundtland, de 1987, en el que por primera vez se habló de desarrollo sostenible), y eso llevó a un artículo escrito desde un punto de vista totalmente antropocéntrico: “adecuado” para los seres humanos, cabe deducir del enunciado. Después, para reafirmarlo, se habla de un “uso racional” y de “restaurar”, palabra intencional –implica acción humana y no regeneración natural. Y resulta casi cómico leer el tercer punto, que transcribe el principio de “quien contamina paga”: ¿cuántas veces se ha aplicado correctamente y hemos tenido que pagar entre todos los desmanes de ciertas empresas o individuos? Sobran ejemplos.

Si algo ha cambiado en estos últimos treinta años es la conciencia ambiental: de una concepción productivista, utilitaria del medio ambiente, hemos pasado a la conservacionista, a la preocupación por el cambio global, la biodiversidad, la movilidad sostenible y las energías limpias, entre otras cuestiones. En el momento de la redacción de la Constitución, en España los problemas ambientales se circunscribían, mayoritariamente, a la polución: de las aguas (continentales y marinas), del aire, de los suelos. Las agresiones al medio ambiente eran puntuales, de escala local, y no se inscribían en un marco global de cambio en la biosfera. Cuarenta años después, España es un país desarrollado en el que sí, siguen existiendo numerosos problemas relativos a la contaminación (sólo hay que ver fotos de Madrid de hace un par de semanas), pero sufrimos –y contribuimos- a fenómenos gravísimos de carácter no ya internacional, sino planetario, como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Tenemos multitud de espacios protegidos, normativas de ordenación territorial, de impacto ambiental, de reciclaje, de emisiones y regulado cualquier aspecto que pueda afectar al medio ambiente. Pero, a pesar de ello, sigue sin ser prioritario, ni transversal en las políticas estatales. Sigue sin importarnos de verdad, y el CIS no miente: sólo lo vemos como un problema el 0,4% de los ciudadanos.

Se podrá pensar que con la entrada en la Unión Europea la cosa iba a cambiar, y, de hecho, en parte ha sido así. Gran parte de la normativa ambiental de España, tanto autonómica como estatal, emana de la legislación europea. Sin embargo, las demoras, las transposiciones defectuosas o las aplicaciones indebidas han impedido que las normas ambientales de la UE hayan surtido pleno efecto en nuestro país. ¿Resultados? Multas al Reino de España, problemas a medio resolver, recursos interpuestos –muchas veces por temas competenciales- y ciudadanos sin amparo.

Y es ahí donde entra la reforma de la Constitución: debemos reclamar que el medio ambiente sea un derecho fundamental. No sólo por los problemas que acarrea vivir en un entorno degradado, sino por la solidaridad colectiva, que ahora además de interterritorial deberá ser intergeneracional, y por el colapso al que puede llevar la inacción. Que España cumpla con sus compromisos de emisiones de CO2 de la cumbre de Kyoto es algo irrelevante si el resto de países no lo consiguen; sin embargo, siempre habrá problemas locales, regionales, estatales. Los ciudadanos tenemos derecho pedir amparo al Tribunal Constitucional si un derecho fundamental se ve transgredido; en los otros derechos no aplican las mismas garantías. Aunque en algunos ámbitos se sigua debatiendo qué derechos del Capítulo III del Título I de la Constitución son susceptibles de ser considerados como fundamentales, el marco es confuso y no tiene visos de aclararse.

¿Y si para zanjar la cuestión reformamos la Constitución? Ya puestos, que apunten a la larga lista de todo lo que hay que abordar el artículo 45, lo vuelvan a escribir y lo cambien de cajón. Ni la Constitución es un pergamino sagrado e intocable ni el medio ambiente es aquella amalgama imposible de hipismo e ingeniería forestal de los setenta. Ahora que todo está por hacer y todo es posible, que escribía Martí i Pol, no nos quedemos en las consignas ni en el 135 y vayamos más allá.