¿Cuándo se levantarán las alfombras?

El 6 de noviembre de 2013, en mi intervención parlamentaria más encendida y seguramente más recordada, utilicé por primera vez una expresión, la de “Partido Podrido de corrupción”, que después hizo fortuna como forma directa y contundente de verbalizar lo que tanta gente pensaba y se está demostrando una evidencia empírica: que el PP valenciano funcionaba como una organización criminal que se nutría de fondos públicos a través de multitud de tramas mafiosas en las instituciones que gobernaba. Suena fuerte pero es real como la vida misma. Si tratáramos de enumerar todos los casos de corrupción que han afectado al partido de Isabel Bonig, perderíamos la cuenta antes de llegar al final de la lista. El PP valenciano es, en sí mismo, El Caso.

Ante esto, las distintas fuerzas políticas que nos enfrentamos a las mayorías absolutas de Zaplana, Camps o Fabra, planteamos una estrategia combinada de crítica política y denuncia judicial. Así, citando de memoria, recuerdo que diputados socialistas presentaron pruebas del fraude en Terra Mítica y su partido se personó como acusación en el caso Gurtel; que Rafael Blasco pasará una buena temporada en la cárcel por la denuncia de dos parlamentarias del PSPV y de Compromís; que la primera denuncia sobre el monumental saqueo de RTVV fue registrada por el representante de Compromís en el Consejo de Administración; y que desde EUPV llevamos a la Fiscalía los casos Calatrava, Cotino y Valmor, aportamos documentación a los juzgados que investigaban Nóos, Palau de les Arts y RTVV, denunciamos y ejercimos la acusación popular en sendas piezas de Brugal... y, cómo no, levantamos el caso Taula, que probablemente sentará en el banquillo a toda una generación de dirigentes populares valencianos. Creo que podemos estar razonablemente orgullosos de nuestra hoja de servicios en la oposición. Hicimos lo mínimo que debíamos y lo máximo que pudimos.

Desde el gobierno se puede y se debe hacer mucho más: perseguir y prevenir la corrupción; limpiar la casa y no permitir que se vuelva a ensuciar. Pues bien, un año y tres meses después de su toma de posesión, me atrevo a decir que el Consell está cumpliendo con “Sobresaliente” la tarea preventiva -se nota el trabajo en la Conselleria de Transparencia- pero “Necesita Mejorar” la persecución de unas fechorías que, si no se da prisa, quedarán impunes. Teniendo en cuenta que los delitos de corrupción más graves prescriben a los diez años, ya sabemos que no podrá juzgarse nada anterior a 2006 -así de tranquilo está Eduardo- pero, en cualquier caso, el pueblo valenciano tiene derecho a saber todo lo que sucedió durante veinte años de cleptocracia. Como tantas veces se ha dicho, para pasar una página de la historia antes hay que leerla.

A este respecto no puedo evitar hacerme algunas preguntas. Si quienes ahora gobiernan la Generalitat tenían claro que sólo había asomado la punta del iceberg de la corrupción, ¿cómo es que apenas han presentado un par de denuncias, sobre algún pufo en institutos tecnológicos y poco más? ¿Alguien puede explicarme por qué el Consell no se ha personado en el caso del saqueo de RTVV, como llevan pidiendo los sindicatos desde hace más de un año? Estoy convencido de que no es por falta de voluntad política sino porque están enfangados en una gestión mucho más difícil y farragosa de lo que se imaginaban. La paradoja es que, ahora que tienen acceso a todos los expedientes que se nos negaban, no encuentran tiempo para examinarlos a fondo.

En las Cortes Valencianas se están sucediendo, una tras otra, comisiones de investigación que tratan de esclarecer algunos de los escándalos del régimen del PP. Está bien que comparezcan en el Parlamento quienes siempre se burlaron de su control, que tengan que responder a las preguntas que tantas veces dejaron sin respuesta, pero con ese formato difícilmente se descubrirá nada nuevo. Para investigar eficazmente la corrupción hacen falta otras estructuras, con personal y medios especializados. Se ha venido discutiendo si debe ser una agencia adscrita a las Cortes o un órgano dependiente del ejecutivo, si el modelo es la OLAF europea o la Oficina Antifrau de Catalunya, si son galgos o podencos. Mientras tanto, el reloj sigue marcando -tic-tac, tic-tac- las horas y los días en que los corruptos pueden descorchar el champán, y la gente decente sigue preguntándose cuándo se levantarán las alfombras.