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La muerte digna del Dr Montes

Dos factores han transformado de manera determinante nuestra manera de encarar la muerte durante el último medio siglo: el aumento de la vida media - que alarga el proceso envejecer-, y la creciente capacidad de la tecnología sanitaria para suplantar las funciones orgánicas y prolongar indefinidamente la vida. El alargamiento de la vejez aumenta el deterioro orgánico y los medicamentos y las máquinas se aplican para contrarrestar ese inevitable proceso. Envejecer puede convertirse en un gran negocio para la industria del ramo, al disparar el consumo sanitario. Una ruina para las arcas públicas. Japón y España encabezan las estadísticas de esperanza de vida en torno a los 84 años. Los cambios en la estructura demográfica de la población no solo repercuten en la economía, sino muy especialmente en el estado de salud y la calidad de vida. De todo ello se deriva un nuevo dilema que nos obliga a la deliberación y a la regulación normativa de situaciones inéditas en el pasado. Conceptos que hace décadas eran ajenos a la preocupación de los ciudadanos, como la eutanasia, el derecho a una muerte digna, los límites del encarnizamiento terapéutico, la sedación terminal, el testamento vital y las últimas voluntades o el suicidio asistido, plantean posicionarse ante realidades ineludibles que cada día surgen en nuestro entorno y son dilemas cotidianos en los hospitales y especialmente en las unidades de cuidados intensivos.

No llegué a conocer personalmente a Luis Montes. Cuando hace unos años un colectivo de estudiantes de medicina valencianos quisieron invitarlo a un debate abierto en la facultad sobre sedación y eutanasia, su iniciativa no fue autorizada. Su defensa del derecho del paciente a una muerte digna en el hospital Severo Ochoa de Leganés lo convirtieron en mártir de la hipocresía de políticos de moral absolutista frente a la muerte y amplia tolerancia frente al dinero sucio y la corrupción. Montes fue acusado, vilipendiado, procesado, expedientado y apartado de su puesto, ante jueces que aplican un código penal en muchos sentidos autoritario y anacrónico. Una democracia madura necesita otra cosa.

Si desde tiempos de Hipócrates el primer principio de la práctica médica es evitar el daño al paciente, la defensa obsesiva por preservar la vida frente al sufrimiento y la muerte inevitable debería considerarse una vulneración de la buena praxis. No es el principal cometido del médico mantener la vida a cualquier precio, sino auxiliar al enfermo, y cuando el enfermo es incurable, esa situación se debe regular de manera limpia y transparente. Es un debate inevitable que una parte de la sociedad española se empeña en eludir. La vida puede ser un don divino o no serlo. Ese no es el dilema. La vida es un proceso. Es en esencia la verdadera enfermedad mortal. Contra eso no vale la hipocresía teológica ni el absolutismo moral, ni sirve la tecnología del rejuvenecimiento y la vida eterna. Luis Montes ha sido una víctima de la hipocresía beata. Descanse en paz.

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