La pescadilla que se muerde la cola

¿Como compensar a las autonomías peor financiadas? Un rompecabezas que no tiene solución en el actual tablero político y económico, ya que los recursos que deberían servir para la financiación autonómica están destinados al pago de la deuda soberana, que en fechas recientes alcanzó el 100% del PIB del Estado español.

Hagamos un poco de memoria. Entre el año 2007 y 2008 se desata la peor crisis económica del capitalismo global, siendo su epicentro la crisis hipotecaria e inmobiliaria de los EE.UU, que a la par, destapó todo un mercado secundario de productos tóxicos que antes de la desregularización neoliberal se hubieran considerado ilegales. Esta crisis se extiende rápidamente al resto de la economía mundial, siendo el euro, la UE y sus principales bancos los más afectados. La principal causa de esta crisis es la falta de liquidez y, en consecuencia, se produce la inaccesibilidad al crédito, el estancamiento de las inversiones productivas, la caída del consumo y el aumento del paro.

La economía española, que ocupa un papel secundario o de periferia en la UE, se ve velozmente interceptada por la falta de financiación, lo que conlleva varios efectos. El primero es la explosión de la burbuja inmobiliaria, lo que se traduce en inmensas deudas privadas de bancos y empresas que no pueden dar salida a millones de viviendas vacías. El paro se dispara por encima de la media europea llegando a tasas del 25%, siendo la juventud el sector social más perjudicado con tasas superiores al 60%. Estos niveles de paro son debidos a la desindustrialización y la privatización de sectores económicos estratégicos como la comunicación y la energía, convirtiendo a España en un país de servicios que no crea riqueza propia, y que depende de prestamistas y divisas del turismo para obtener liquidez.

Esta situación se hubiera controlado con un programa económico que hubiese puesto el peso de la crisis en los sectores sociales que la crearon (banca privada, especuladores y grandes rentas del capital): auditoría de la deuda privada y pública, impuestos progresivos, recuperación de los sectores estratégicos de la economía, persecución del fraude fiscal y un plan de empleo estatal. Por contrario, las élites financieras hicieron valer su papel predominante en la sociedad, a través del control de medios de comunicación y de la casta política, para hacer recaer la crisis sobre los hombros de las de abajo, las que más sufrimos la crisis.

En 2010 el PSOE, por entonces en el gobierno, aplica las recetas neoliberales para «frenar» la crisis: recortar servicios sociales y emprender el «rescate» de la banca privada, mientras que las de abajo nos veíamos condenadas al paro, la precariedad, desahucios, exclusión social y la malnutrición infantil. Estas políticas lesivas para el 99% de la sociedad que solo benefician al 1% son potenciadas por el gobierno del PP en 2011, hasta alcanzar la emergencia social actual, trasvasando deudas privadas al Estado, es decir, trasformando la deuda de las élites financieras españolas mediante los rescates a la banca y la creación del SAREB (banco malo que adquiere a precio de burbuja millones de pisos vacíos tasados muy por encima de su valor real) en deuda soberana, pública, que debemos pagar entre todas.

Cuando el «President» Fabra pide compensaciones fiscales para la «Comunitat Valenciana» no puede olvidar que son las propias políticas de su partido, que el mismo aplicó con entusiasmo, las que nos llevaron a una situación limite en el territorio valenciano. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo expresa de forma clara y contundente “No podemos abordar un nuevo sistema de financiación autonómico que pretenda que el Estado ponga más dinero porque no lo tiene. No vamos a promover una discusión del sistema de financiación que promueva más agravios y enfrentamiento entre las autonomías y entre las comunidades y con el Gobierno de España”.

Lo que olvidan Montoro y Fabra, o no, es que el Estado sí tiene dinero. El problema no viene de la ausencia de recursos sino en la distribución de éstos y de la falta de voluntad política para resolver la emergencia social en la que estamos sumidos. La auditoría de la deuda y una moratoria del pago de ésta supondría la recuperación del 15% del PIB anual, posibilitando una reestructuración de las deudas legítimas y la quita de la mayor parte de la deuda soberana por ser ilegítima, odiosa o ilegal. La persecución del fraude fiscal supone, según GESTHA, el 24,2% del PIB (más de 250 mil millones de euros al año) siendo responsable en su mayor parte, más de un 72%, las grandes fortunas, empresas y bancos privados (según The New York Times los mayores defraudadores a la Hacienda pública española son Emilio Botín y su familia, José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja, entre otros), las mismas que se benefician de los planes de rescate y las políticas fiscales de los gobiernos del PSOE y PP. Si redujéramos esta cifra hasta la tasa media de fraude fiscal en la UE recuperaríamos 40 mil millones de euros anuales que podrían financiar las tan denostadas arcas de nuestras autonomías, que son las que sostienen la mayor parte del gasto social en España.

No faltan los recursos, ni el dinero, falta voluntad política para financiar las agencias tributarias y perseguir el fraude, voluntad para que la crisis no la paguemos las de abajo y podamos recuperar la dignidad, el trabajo y nuestras viviendas. Voluntad para expulsar a los especuladores y fondos buitres que comercian con nuestro sufrimiento. Voluntad para poner la soberanía directamente en manos del pueblo.

Señor Fabra, si su voluntad está con la casta y las élites financieras, solo le queda una opción. Si quiere seguir conservando algo de dignidad, márchese y convoque elecciones, que sea la ciudadanía quien decida qué políticas económicas y fiscales quiere para la «Comunitat Valenciana».