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El parlamento valenciano investigará la financiación ilegal del PP

El exsecretario regional del PP, Ricardo Costa, y el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, dos de los procesados por la financiación ilegal de su partido.

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El parlamento valenciano ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la financiación electoral del Partido Popular en la Comunitat Valenciana con los votos a favor de todos los grupos (PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos, impulsor de la propuesta) y la oposición del PP.

La iniciativa pretende depurar las eventuales responsabilidades políticas de la supuesta financiación ilegal de la que habría disfrutado el partido. El PP no sólo ha recibido, como el resto de formaciones, subvenciones para los gastos electorales y para el mantenimiento de su grupo parlamentario en las Corts Valencianes, sino que podría haberse nutrido de fondos de procedencia ilegal. Por ello, “la legitimidad” de los “resultados electorales está en entredicho”, según el diputado de Podemos, David Torres.

Torres, en un comunicado de su partido, se ha referido a la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional a la cúpula del PP valenciano por supuestas irregularidades en las campañas electorales en las elecciones municipales de 2007, las autonómicas de ese mismo año y las generales de 2008 y ha indicado que sin perjuicio del resultado de los procedimientos judiciales y de las eventuales responsabilidades penales, es necesario que se aclaren estos hechos en las Corts Valencianes.

“Todavía no hay día que en la prensa no encontremos una noticia sobre corrupción que afecte al PP valenciano: este mismo miércoles se anunció un nuevo pufo de 25 millones de euros en la sanidad”. El diputado ha advertido que la corrupción “no ha sido tan sólo para enriquecerse unos pocos; hay indicios de que el PP ha utilizado la corrupción para financiarse ilegalmente, y también hay indicios de que el PP ha utilizado la corrupción para financiar ilegalmente las campañas electorales autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008”.

“No sabremos nunca cuales hubieran sido los resultados reales de aquellas elecciones si se hubiera competido en igualdad de condiciones, si muchos de los que hoy se sientan en los escaños del PP, y que en aquella época ya se sentaban, ganaron ese escaño de manera digna y justa”.

Además del próximo juicio en la Audiencia Nacional, el PP de Valencia está imputado por delito electoral (financiación ilegal) por el caso Taula. Varios empresarios han reconocido ante la justicia que pagaron las campañas del partido en la Comunidad Valenciana a cambio de contratos públicos. Por ejemplo, Enrique Ortiz, uno de los empresarios más poderosos de Alicante.

Las Corts Valencianes tiene varias comisiones de investigación sobre la etapa del PP en el poder: el accidente de metro en Valencia, la adjudicación de las residencias o el desfalco en las Ferias de Valencia y Alicante.

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