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Archivada la querella de los protaurinos contra el alcalde de Xàtiva por la consulta que rechazó las corridas

Cristina Suñer (Compromís), Roger Cerdà (PSPV) y Miquel Lorente (EU)

Toni Cuquerella

El juzgado de primera instancia e instrucción nº4 de Xàtiva ha acordado el sobreseimiento de la querella que el colectivo protaurino Agrupación de Profesionales Taurinos Luchadores presentó el pasado 21 de junio contra el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà (PSPV) y sus dos tenientes de alcalde, Miquel Lorente (EU) y Cristina Suñer (Compromís). La juez ha dispuesto el archivo de la querella en no encontrar indicios de delito en la decisión de no programar cortejos taurinos durante la pasada Fira d'Agost tras el proceso de participación ciudadana, donde los vecinos se mostraron contrarios a la organización de este tipo de espectáculos.

La querella contra los representantes municipales se interpuso por los presuntos delitos de prevaricación y contra las tradiciones y derechos cívicos. Ahora el tribunal apunta que ha quedado demostrada la inexistencia de estos supuestos delitos afirmando en su auto que “no se acredita [...] que la entidad local haya adoptado una resolución/decisión injusta y manifiestamente arbitraria que vulnero derechos cívicos”.

Más adelante, el escrito todavía resulta más contundente en contra de la postura de los protaurinos: “la decisión municipal de no promover espectáculos taurinos se basó en una previa y publicitada consulta popular de los ciudadanos que quisieron participar y que se mostraron favorables a tal supresión. Además tal consulta popular [...] se ha celebrado dentro de la legalidad, a la empar de la Ley de Bases de Régimen Local, con publicidad y durante el espacio de una semana, permitiendo la participación ciudadana en la gestión municipal mediante tal consulta popular, sobre un aspecto de relevancia en la tradición festiva y cultural de la ciudad”.

El archivo se produce después de que el pasado mes de julio un magistrado de València condenara al colectivo protaurino a pagar las costas del proceso en el que pedía la suspensión cautelar del supuesto acto administrativo por el cual el Ayuntamiento de Xàtiva prohibiría las corridas de bueyes a la ciudad, acto que no existía, sinó sólo un anuncio de no programación de los festejos en la plaza.

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