Bonig quiere reformar ahora la ley de ayudas a patronal y sindicatos que impulsó el PP en 2015 cuando gobernaba
Después de proponer el PP que se retiren las ayudas a la patronal y a los sindicatos mayoritarios, que se elevan a 1,8 millones, de los presupuestos de la Generalitat para 2018, la presidenta del partido en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha matizado que su grupo solicitará la modificación de la Ley de Participación y Colaboración Institucional que aprobó el gobierno de Alberto Fabra en sus postrerías de 2015.
La propuesta se produce días después de producirse la manifestación por el trato justo en la financiación precisamente impulsada por la patronal CEV y los sindicatos CCOO y UGT, y que Bonig ha negado ninguna vinculación. Pero desde las formaciones del Consell se le ha recriminado precisamente que sus cambios de criterio ahora producen la “inseguridad jurídica” que tanto critican.
Con esta propuesta el PP le da la vuelta al calcetín respecto a hace dos años y ahora propone crar una Comisión de Estudio sobre la financiación de organizaciones, patronal y partidos políticos, “abrir el debate” y analizar ahora las ayudas que concede el Consell y para que los valencianos “sepan dónde va el dinero”. Bonig, obviando el posicionamiento hace dos años del PP, se ha centrado en la crítica a PSPV y Compromís reprochándoles que en 2015 “criticaban las líneas nominativas cuando gobernaba el PP y ahora las dan. Hay que ser creíbles”.
Para el PP las organizaciones empresariales y sindicales tienen que recibir financiación pero “hay que hacerlas extensivas, no solo las más representativas” porque “es justo que se trate a todo el mundo por igual”. Entre los nombres propios el PP ha puesto como ejemplo de sindicatos a los que deberían llegar las ayudas Intersindical (colectivo que calificó de “pancatalanista” en su sección educativa) o el de funcionarios CSI·F.
Además Bonig ha propuesto la creación de una Comisión de Estudio sobre la financiación de organizaciones, patronal y partidos políticos para “abrir el debate” ya que “los ciudadanos pagan demasiados impuestos para que no rentabilicemos bien su dinero con una gestión eficaz y eficiente”.
