El último gerente de Imelsa del PP reclama ante la justicia su derecho a mantener el cargo
Lo que debería ser un mero proceso de relevo de dirección de una empresa pública en un contexto de cambio de gobierno no va a ser tan sencillo por triquiñuelas legales. Rafael Soler, último gerente de Imelsa (hoy Divalterra) nombrado por el PP tras la salida de Marcos Benavent -el 'yonki del dinero'- ha reclamado ante la justicia que se anule su despido debido a que en realidad él se halla en excedencia del cargo, por lo que no puede ser desistido legamente, y no se han cumplido todos los requisitos estipulados.
Rafael Soler firmó el contrato para suceder a Benavent al frente de Imelsa el 15 de enero e 2015, auspiciado por el todavía presidente de la Diputación de València, Alfonso Rus (PP), que finalmente fue engullido por el propio caso Imelsa que tiene a Benavent como máximo confesor y arrepentido. Desde aquella fecha Soler tenía un contrato de carácter indefinido por el que debía cobrar 77.526,18 euros al año, y su cese únicamente podría producirse por decisión del Consejero delegado o por el Consejo de Adminitración de Imelsa, eso sí, con 3 meses de antelación, con comunicación por escrito y con derecho a indemnización.
Pero tras las elecciones municipales de mayo de 2015 el PP perdió el poder de la Diputación de València, aunque Rafael Soler accedió a la institución como diputado provincial del PP. Con este cargo Soler afirma que, siendo gerente de Imelsa, pasaba a tener el contrato suspendido por la excedencia forzosa por desempeño de cargo público.
Posteriormente el 24 de julio de 2015 el nuevo Consejo de Administración de Imelsa -del que forma parte el propio Soler- aprobó el desistimiento del contrato de este. Per según señala el diputado provincial, no se ha cumplido en todos sus términos legales, especialmente por no haber recibido el texto por escrito, y que únicamente recibió un burofax el 24 de octubre (cuando se cumplían los términos legales) para comunicarle que desde el día siguiente ya no estaba en vigor su contrato.
Además Soler advierte que la empresa pública “ha obviado todos y cada uno de los requisitos legales” dado que ha desistido “cuando el contrato se encontraba suspendido en virtud de excedencia por cargo público, por lo que no estando el actor en activo por dicho motivo resulta imposible que se proceda a la extinción por desistimiento del empresario, hasta tanto dicha situación de excedencia no concluya y se deje sin efecto la suspensión que pesa sobre el mismo”.
Rafael Soler a las pocas semanas llevó el caso a los tribunales, en noviembre de 2015, y este lunes 16 de enero de 2017 cuendo está marcado el acto de conciliación por el juzgado de los social n.9 de València.
