El PP lleva al Tribunal Constitucional la ley valenciana de servicios sociales inclusivos por cuestiones “formales”

El PP ha cumplido su amenaza de llevar al Tribunal Constitucional la ley valenciana de servicios sociales inclusivos y el pleno de la máxima instancia judicial española lo ha admitido a trámite. El recurso de inconstitucionalidad ha sido interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular por “vulneración de derechos fundamentales”, al considerar que el resto de grupos no dieron tiempo suficiente para estudiar las enmiendas en la última sesión.

Según ha informado el alto tribunal en un comunicado, se ha dispuesto que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, a la Generalitat y a las Cortes Valencianas para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Los recurrentes consideran que la ley impugnada ha podido vulnerar los artículos 137, 141 y 142 de la CE y los preceptos 66.1 y 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, así como otros artículos de la Ley de Bases del Régimen Local.

“Filibusterismo político”

Desde Intersindical Valenciana se ha descrito el recurso como un ejercicio de “filibusterismo político” del PP que se encuadra dentro de “su cruzada absurda contra una ley que mejora la vida de las personas más desfavorecidas”.

El sindicato afirma que las gestiones para entorpecer la tramitación de la ley se remite ya en su trámite parlamentario, cuando denunciaron irregularidades. Por ello afirman desde Intersindical apuntan que “es legítimo que un partido político, desde sus diferencias ideológicas, pueda negarse a dar sus votos a una ley”, pero realizar “una cruzada judicial para tumbarla o retrasar su aplicación no es un mero ejercicio de filibusterismo político sino de cinismo y falta de ética”.

Esta acusación la realizan en base a que el articulado recurrido son “cuestiones meramente formales relacionadas con la 'coordinación' de las diferentes instituciones públicas”, y señalan concretamennte la  “guerra” que existe entre la Generalitat y la Diputación de Alicante, gobernada por el PP. Y es que para el PP la ley es una “injerencia en la autonomía de la diputación de Alicante puesto que la impone una financiación a la cual no está obligada puesto que, a su vez, no existe una ley-marco que desarrollo esta coordinación entre la Diputación y la GVA”, según el sindicato. Pero que esto es “una cuestión menor, una artimaña jurídica legalista que puede echar a perder a una ley pionera que ha defendido cuestiones tan importantes como el interés general de los servicios públicos”.