La crisis del PP en Valencia deja en evidencia el liderazgo de Bonig
El pasado miércoles, después de reunirse con algunos de concejales populares en el ayuntamiento de Valencia imputados por blanqueo en el caso Taula, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, confirmaba que este lunes se les comunicará “formalmente” a los nueve afectados que deben entregar su acta y se les dará un plazo de quince días -que concluye después de las fiestas de Semana Santa y Pascua- para que reflexionen y “valoren su situación”. Este anuncio estuvo acompañado de una amenaza, ya que Ortiz advirtió que si no renunciaban a su condición de concejal habrá “consecuencias”. Es decir, que previsiblemente serán expulsados. Los ediles investigados -y Rita Barberá- se remiten a los estatutos del partido para hacerse fuertes, ya que, según la normativa interna de los populares, la desvinculación no debe producirse hasta la apertura de juicio oral.
Estos encuentros se produjeron apenas unas horas después de que se levantara el secreto de sumario de la pieza separada del caso -conociéndose la imputación de los nueve regidores investigados y del Partido Popular en Valencia-, y de la rueda de prensa (y reaparición en el Senado) de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que otra vez negó vinculación alguna con el presunto blanqueo y anunció que estudiará la fórmula de colaboración con el juez, que le había 'invitado' -a ella y al también aforado Miquel Domínguez, diputado en las Corts- a declarar de forma voluntaria. Además, la dirección del Partido Popular en Madrid abría expediente a los nueve concejales rebeldes y a la senadora valenciana, pese a no estar imputada. Este domingo conocíamos que Génova comenzará los 'interrogatorios' a los expedientados después de Semana Santa.
Asi las cosas, en todo este proceso se echa en falta un mayor protagonismo de la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, que fue la designada tras la caída en desgracia de un amortizado Alberto Fabra para llevar a cabo una renovación de un PPCV continuamente salpicado por escándalos de corrupción. La última vez que Bonig habló ante los medios -el pasado viernes- fue para decir que nada había cambiado en las últimas 24 horas, y remitirse a lo dicho por Eva Ortiz, que es quien está convirtiéndose en la cara visible del PP valenciano en esta crisis.
No es la primera vez que Bonig, a quien la actitud insumisa de los ediles imputados está dejando en evidencia, tarda en comparecer o dar la cara en este asunto. El mismo día que se desencadenó la macrorredada policial contra la corrupción del PP en Valencia, fueron la propia Ortiz y el presidente provincial del partido, Vicente Betoret, quienes ofrecieron explicaciones públicas y anunciaron la destitución de todos los cargos orgánicos detenidos. No fue hasta horas más tarde, y en una emisora de radio afín, cuando Bonig habló públicamente.
La presidenta de los populares valencianos ha dejado caer en diversas ocasiones que tanto la propia Barberá como los implicados en la investigación judicial por blanqueo debería dar un paso al lado. Esto le ha llegado costar amenazas -en forma de mensaje de whatsapp- por parte de la exprimera edil valenciana, que incluso la cuestionó públicamente en su primera rueda de prensa tras el escándalo Imelsa. Y mientras tanto, tanto Barberá como los concejales valencianos se resisten en sus cargos -el acta en el Senado de Barberá y los sillones de concejal del resto-.
Ahora Bonig y el PPCV parecen haber optado por alargar el proceso. Se les da un tiempo para que abandonen el acta o se tomarán medidas “más contundentes”. Habrá que ver si pasado ese periodo, unas dos semanas, y si nada ha cambiado -como así parece que será- desde la calle Quart (donde tiene su sede la dirección del partido en Valencia) se atreven realmente a expulsar a los 'rebeldes' como así han apuntado o se escudan en el expediente informativo abierto en Madrid para seguir resolver la cuestión. El problema en caso de expulsión es que los ediles investigados se mantengan en su intención de no dejar sus actas de concejal, con lo que el PP se quedaría con un sólo regidor en Valencia y el resto -hasta nueve- pasarían al grupo de concejales no adscritos.
