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Presupuestos Generalitat 2017, del “ajustado” presupuesto de Justicia a los 5 millones del fraude fiscal

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, dialoga con el president Ximo Puig en las Corts

Miguel Giménez

Valencia —

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, presentaba el pasado 28 de noviembre en rueda de prensa el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2017, unas cuentas que contemplan unos gastos e ingresos próximos a 18.000 millones de euros con un marcado carácter social y en los que, de nuevo, se contemplan más de 1.300 millones de euros provenientes del Estado para compensar la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana y que sirven para cuadrar el presupuesto.

Esta semana han sido los propios consellers los encargados de desglosar sus cuentas, departamento por departamento, en las Corts Valencianes con anécdota incluida. Y ésa no ha sido otra que la comparecencia del responsable de Transparencia, Manuel Alcaraz, por videoconferencia a través del plasma. La causa, que Alcaraz está convaleciente tras sufrir una caída y fracturarse un brazo.

Éstos son los datos más destacados de los presupuestos en cada conselleria:

Una inversión de 210 euros por habitante en políticas sociales. La primera en rendir cuentas fue la vicepresidenta, Mónica Oltra, para explicar el presupuesto de Igualdad y Políticas Inclusivas, que aumenta en un 7,1% respecto al presente ejercicio (un 24,1% en dos años) y tiene una previsión de gasto ligeramente superior a los 1.000 millones de euros. Se pone fin a las políticas de recortes, con una apuesta por un cambio de modelo, “cerramos la política de mercantilización de los servicios”. La inversión prevista por habitante se sitúa en 210 euros (Andalucía destina 216 y Madrid 221).

113,1 millones para reindustrialización. La conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo gestionará un presupuesto de más de 367 millones de euros para 2017 (un 9 por ciento más que este año), de los que 113 millones se destinan a política industrial, lo que supone un incremento de 31,6 millones de euros (42%). Además, el conseller Rafa Climent explicó que se habilitan dos líneas por 33 millones a Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA). Se trata de una conselleria con baja ejecución presupuestaria.

Un presupuesto “muy ajustado” para Justicia. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, no dudó en quejarse del presupuesto de su departamento, que considera “muy ajustado” aunque lo justifica en un contexto de crisis económica e infrafinanciación autonómica, “necesitaríamos más”. Conselleria dispondrá de un 6,5% más que en el presente ejercicio (275,5 millones de euros).

6.084 millones de euros para Sanidad. El presupuesto de Sanidad para 2017 rebasa por primera vez los 6.000 millones de euros (un incremento del 3 por ciento y 175 millones respecto a 2016, que alcanzan los 591 millones en dos años). La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, destacaba cómo este presupuesto consolida la sanidad universal o las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico (cinco millones más para estas partidas). También aumentan las inversiones en un 11 por ciento. Montón también desveló durante su comparecencia que las concesionarias privadas de los hospitales públicos valencianos adeudan al Consell 260 millones de euros desde 2008.

Más recursos para la lucha contra el fuego. En un año en el que los incendios han azotado con virulencia a la Comunitat Valenciana, la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, anunciaba un incremento del 18% en la partida destinada a prevención dentro del presupuesto de la conselleria, aunque reconocía que es insuficiente habida cuenta de los recortes sufridos en la anterior legislatura en esta materia. El presupuesto total de su departamento será de 316 millones de euros para 2017, un 6,3% más que este año.

133 millones en infraestructuras educativas. La conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte contará con un presupuesto de 4.527 millones de euros para 2017 (un 5,40% más que este año), de los que la principal partida se la lleva Educación e Investigación (4.368 millones), con una apuesta importante para la construcción y reforma de centros educativos. Así, como confirmó Vicent Marzà, su departamento destinará 133 millones de euros a esta cuestión, con un incremento del 76%.

138.000 euros para Cooperación del 'caso Blasco'. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, explicó las cuentas de la conselleria para el próximo ejercicio. De este modo, contarán con 34,7 millones de euros (un 31,6% más que el año pasado), con 18,7 millones destinados a cooperación internacional al desarrollo (se pasa del 0,02 al 0,11 por ciento del total de las cuentas de la Generalitat). Además, se ha creado una línea específica con los fondos recuperados por las sentencias judiciales del 'caso Blasco' con 138.000 euros.

354,8 millones de euros para Vertebración del Territorio y Obras Públicas. El presupuesto de la conselleria de Obras Públicas para 2017 crece un 8,45% con respecto al presente ejercicio y se sitúa en 354,8 millones de euros. La responsable del área, María José Salvador, ha destacado cómo en dos años se han destinado 170 millones de euros en materia de Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos mientras que en toda la legislatuta pasada se dedicaron 199 millones a este fin. Para el mantenimiento de infraestructuras se consignan 57,2 millones, “el 33% del presupuesto está hipotecado para obras ya inauguradas o paralizadas por el anterior Consell”.

5 millones de la lucha contra el fraude fiscal. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, fue el último en presentar los presupuestos de su departamento en las Corts, unas cuentas que para 2017 ascenderán a 286 millones de euros (un 16,14% más que en 2016). El principal objetivo de Conselleria para 2017 es la puesta en marcha del banco público de la Generalitat, así como impulsar la administración sin papeles. Soler también aprovechó su comparecencia para cifrar en 5,2 millones el dinero recaudado gracias a la lucha contra el fraude fiscal, una política que se espera que posibilite unos ingresos de 5 millones más el próximo año.

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