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El TSJ admite las alegaciones del PP contra la Oficina de Derechos Lingüísticos que "fractura la sociedad valenciana"

Los populares cargan contra la "imposición" del Consell de esta oficina así de lo que han calificado de "comisarios lingüísticos"

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María José Ferrer-Sansegundo y Jorge Bellver, durante la rueda de prensa

María José Ferrer-Sansegundo y Jorge Bellver, durante la rueda de prensa

El TSJCV ha admitido a trámite las alegaciones presentadas por el PP contra el decreto de  creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos impulsada por el Gobierno valenciano de PSPV y Compromís. Los populares, en palabras del diputado Jorge Bellver, afirman que con esta oficina "e l Consell busca la fractura social e imposibilitar la pacífica convivencia de la sociedad valenciana".

Pero el recurso presenta más un carácter técnico que político. Así en la argumentación de las alegaciones el PP afirma que el decreto "por un lado invade competencias administrativas de la administración estatal y local, y por otro lado carece de cobertura legal para actuar en el ámbito privado de las personas físicas y jurídicas". Además menosprecian la función de dicha oficina asegurando que "los derechos lingüísticos de los ciudadanos están protegidos por la Constitución Española, por el Estatut, por la administración de justicia y la Sindicatura de Greuges".

La portavoz de Justicia del PP en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha señalado hoy que “el PPCV apuesta por fomentar el valenciano pero rechaza la imposición, persecución y creación de una policía lingüística del Botànic”.

Ferrer San-Segundo ha citado dos informes que advierten de posibles ilegalidades en el decreto, uno del Consell Jurídic Consultiu y otro del subsecretario de Presidencia remitido a su homólogo de Educación en marzo de 2017, "que coincide con todo lo que ha alegado el PP sobre la falta de fundamento legal para las competencias y la vulneración del principio de legalidad en el ámbito de las relaciones privadas. Se considera que estos preceptos son una imposición a los ciudadanos”.

La representante popular ha manifestado que con este decreto “se habilita un procedimiento por el que se pueden presentar reclamaciones. Puede haber buenos y malos valencianos inscritos en un registro. Creará un registro donde quedarán inscritos ciudadanos por vulnerar derechos. El CJC y el Subsecretario de Presidencia también coincidían con las alegaciones del PP y defendían como una observación de carácter esencial la necesidad de suprimir las referencias a personas privadas”.

María José Ferrer San-Segundo ha indicado que "se debe fomentar la convivencia. No tiene sentido crear esta oficina lingüística que incorpora como novedad la delación y la denuncia entre ciudadanos. Si el conflicto es entre un valencianohablante y un castellanohablante en una relación privada ¿cómo se pueden defender los derechos de los dos a la vez? ¿va a imponer el valenciano en la relación privada entre dos personas?".

"Policía lingüística"

Para Ferrer San-Segundo, el president Ximo Puig "quiere crear vigilantes, comisarios lingüísticos, una especie de policía de hablar correctamente Botànic. No necesitamos esos comisarios". La portavoz popular ha señalado que “hay que buscar consenso no con el PPCV, sino con la sociedad. Vamos a defender la libertad de despachos, oficinas, trabajos y casas. Fomento sí pero no imposiciones y policía lingüística. Convivencia, respeto y libertad pero mientras sigan imponiendo normas ilegales no nos van a callar".

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