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Ximo Puig acusa al PP de utilizar la educación “como herramienta electoral permanente”

El president Ximo Puig junto al conseller Vicent Marzà

EFE

Valencia —

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha acusado al PP de querer utilizar la educación “como herramienta de campaña electoral permanente” y ha abogado por “despartidizar” el debate de la educación y ha defendido la gestión del conseller Vicent Marzà y de todos los miembros de su gobierno.

Así, ha apostado por un “gran acuerdo” que le aporte “certeza y estabilidad” a la educación, para lo cual, según ha expuesto, es imprescindible la nueva ley valenciana en este ámbito. Según Puig, lo que quiere el PP es “intentar hacer de la educación un espacio de confrontación política y un cartel electoral”.

El jefe del Consell remarcado que el modelo que propone el decreto de plurilingüismo “está dando respuesta a lo que ha sido un enorme fracaso del PP”, cuyo modelo educativo solo consigue que el 6 % de los niños valencianos que acaban la ESO tenga un conocimiento adecuado de inglés y el 36 % de lengua valenciana.

Para el president, la política educativa de su gobierno no produce “ninguna discriminación” y ha negado que tengan “una posición cerrada ni dogmática”, sino que se revelan “delante de un fracaso estrepitoso del modelo del PP”. En esta línea, Puig ha señalado que “todo es siempre mejorable” y ha insistido que van a seguir “hablando con todo el mundo”.

Garantizar un inicio de curso “con total normalidad”

Sobre la suspensión de la aplicación del decreto que afecta afecta a los matriculados para el próximo curso en educación Infantil de 3 años tras una resolución del TSJCV, Puig ha afirmado que el Consell está estudiando la acción a tomar para garantizar un inicio de curso “con total normalidad”.

Si bien no ha concretado cuál será esa medida, ha querido tranquilizar a los padres y madres de los alumnos afectados: “que tengan la certeza de que allá donde hayan matriculado a sus niños, podrán ir y tendrán la mejor escolarización posible”.

“Quiero volver a reafirmar que el Gobierno valenciano lo único que quiere es que los niños valencianos, cuando acaben su etapa educativa obligatoria, sepan castellano, valenciano e inglés, porque eso condiciona la igualdad de oportunidades y nosotros lo único que queremos es garantizar la igualdad de oportunidades”, ha subrayado Puig.

Escola Valenciana convocará movilizaciones

Escola Valenciana, por su parte, ha anunciado que convocará movilizaciones en septiembre si se impide por los tribunales la aplicación del decreto de plurilingüismo. Así, han insistido en la legalidad de una ley que establece el modelo lingüístico del sistema de enseñanza en el ámbito valenciano y “no lesiona ningún derecho fundamental, tal y como asegura el informe de la fiscalía”.

Escola Valenciana ha recordado que la normativa ha contado con “un amplio consenso” de la comunidad educativa y el asesoramiento de las Unidades de Enseñanza Multilingüe.

Además, ha señalado que el decreto en sí representa “una evolución coherente del camino recorrido” por la Llei d'Ús del valencià, que aplica un modelo de bilingüismo que ha producido resultados “positivos y constatables” durante más de 30 años.

La entidad ha recordado que la norma tiene a su favor dos sentencias judiciales que avalan su legalidad, a excepción de la disposición adicional quinta, que se basa en la concesión de certificaciones de idiomas una vez acabado el ciclo educativo y, por tanto, no afectaría durante el curso 2017-2018 porque este año el decreto solo entraría en vigor para el nivel de Educación Infantil.

Como esta disposición no tiene efectos de aplicación legal y académica durante los cursos anteriores a 2023, Escola Valenciana considera que la paralización cautelar de la aplicación del decreto “no es un argumento válido” y, a su juicio, “se ha de evitar que esta resolución judicial condiciones negativamente el desarrollo normal de la Ley”.

Además, la fiscalía ha rechazado las sendas demandas interpuestas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y la Unión Sindical Obrera (USO) contra la norma educativa, atendiendo a que no lesiona ningún derecho fundamental.

“Arbitrariedad” judicial

Con estas dos sentencias encima de la mesa, Escola Valenciana se ha preguntado cómo es posible que el órgano colegiado mantenga las medidas cautelares a la aplicación de la ley educativa y ha denunciado “la arbitrariedad de las instancias judiciales”.

Escola Valenciana ha subrayado que “las únicas razones que impiden el buen funcionamiento escolar son meramente ideológicas, no se fundamentan en criterios pedagógicos”.

“Con la paralización de la norma se juega con los derechos fundamentales del alumnado, además de que las comunidades educativas decidieron, democráticamente y mayoritariamente, adherirse a los niveles más altos de la aplicación del decreto”, han recordado.

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