Mónica Oltra abre la puerta al rescate de las residencias de gestión privada para acabar con el modelo Cotino
Garantizar la universalidad de los Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana, el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones). Ése es el objetivo del texto legislativo presentado este miércoles por la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el delegado del Consell para el Modelo Social Valenciano, Xavier Uceda y que abre la puerta a la posibilidad de rescatar para el sistema público las residencias gestionadas por empresas privadas, acabando así con el conocido como 'modelo Cotino'. “Estamos ante la ley de la legislatura”, ha asegurado la también vicepresidenta del Consell, quien ha avanzado que con esta norma, que está previsto que entre en vigor en el último trimestre del año, se pretende situar a los servicios sociales “al mismo nivel que la sanidad y la educación”.
El anteproyecto sale a la luz después de un largo, denso y profundo proceso de análisis y discusión exhaustiva dividido en tres fases y caracterizado por la “transparencia y participación”, tanto de las administraciones, entidades y empresas implicadas como de la ciudadanía y los profesionales, que han realizado más de 400 aportaciones.
La nueva ley -que el Consell no contempla que pueda ser recurrida por el Gobierno ante el Constitucional, como ha sucedido con otros textos legislativos valencianos- viene a sustituir a la norma aprobada por el Partido Popular en 1997 y que “nunca fue desarrollada” y a potenciar un sector “debilitado los últimos veinte años por un Gobierno autonómico que facilitó la privatización y el desmantelamiento del sistema”. Así, la Comunitat Valenciana “abandonará el último puesto en la lista autonómica de atención ciudadana en el ámbito de los servicios sociales y la sitúa entre las cinco primeras de España”.
Más presupuesto, más personal
La Generalitat destina para 2018 un total de 41 millones de euros -cuatro veces más que en 2015- para personal, una apuesta que permitirá la contratación de 1.574 profesionales este año y la reducción de la ratio de un profesional por cada 12,781 habitantes a uno por cada 2.781 en el presente ejercicio. Además, se formarán equipos de carácter multidisciplinar para que puedan atender la “complejidad social” de los usuarios.
Habrá un nivel primario de servicios sociales, con zonas básicas -equivalentes a los centros de salud en sanidad- y áreas de servicios sociales -similares a centros de especialidades-, y uno secundario o residencial -equiparable a los hospitales-. De este modo, se territorializará la Comunitat Valenciana en zonas, que serán las mismas que conforman las actuales áreas de salud en el sistema sanitario, y se creará una tarjeta de información personalizada, compatible con la SIP y que garantice la atención en todo el territorio valenciano. Así, los usuarios del sistema tendrán una historia social única que estará vinculada a su historial sanitario, de forma, ha puesto como ejemplo Oltra, que los profesionales del sistema de salud puedan saber si un paciente que acude a un centro hospitalario con determinadas lesiones es también víctima de malos tratos.
Por lo que respecta al criterio en las formas de provisión de los servicios, se aboga principalmente por el sector público, en segundo lugar por el concierto social con el tercer sector y, en último lugar, se apostaría por la externalización del servicio con la contratación con empresas privadas. En este sentido, la consellera de Igualdad ha explicado que existe la posibilidad de rescatar para lo público las residencias gestionadas por el sector privado.
Derecho subjetivo
Además, se aboga por la universalidad de los derechos sociales en contraposición a la “concepción asistencialista” de las prestaciones sociales, que serán reconocidas como un derecho subjetivo que no estarán condicionadas por la dotación presupuestaria, “una consideración que el Consell ya ha realizado con las prestaciones de dependencia, la renta, las ayudas a mujeres víctimas de violencia machista o por acogimiento familiar”.
La ley recoge un catálogo de prestaciones y servicios mínimos garantizados a los que podrán acceder, tanto los residentes en la Comunitat Valenciana como los valencianos residentes en el exterior, siempre y cuando la atención sirva para su retorno definitivo.
