El PSPV-PSOE y Compromís defendieron en las Corts Valencianes los intereses de los clubes náuticos a espaldas de la conselleria
La postura del Consell, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, fue muy clara: “retirar”. Esa fue la recomendación que los grupos parlamentarios de los socialistas y de Compromís en las Corts Valencianes ignoraron al promover la enmienda a la Ley de Puertos valenciana que permite prorrogar sin concurso hasta 50 años las concesiones a los clubes náuticos de los puertos deportivos valencianos.
Esa modificación legal, que exime a los clubes náuticos de acudir a un concurso público para renovar su concesión, es de encaje “inviable” en la normativa europea, según la opinión expresada entonces por el Gobierno valenciano, que se basó para ello en informes de la Abogacía de la Generalitat. La enmienda fue impulsada, a pesar de todo, por el PSPV-PSOE y Compromís en el debate de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat de 2019, conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que se debatió en diciembre de 2018 y en la que encontraron el apoyo del PP y de Ciudadanos, grupo este último con el que se negoció un texto transaccional. Solo Podemos se opuso entonces a la iniciativa.
“Había un retraso en la convocatoria de concesiones”, señala el portavoz parlamentario de Compromís, Fran Ferri, para justificar el apoyo a la polémica enmienda. Clubes náuticos con las concesiones caducadas habrían solicitado a través de la dirección general de Deportes la adopción de esa medida, según el síndic de la coalición valencianista.
“Podíamos ayudarles, y lo hicimos”, explica el portavoz socialista, Manolo Mata, que indica que los ayuntamientos consultados estaban satisfechos con el funcionamiento de sus puertos deportivos. Mata añade que si se celebrara concurso abierto propiciaría que grandes empresas pudieran hacerse con la gestión de los puertos deportivos, un argumento coincidente con el que ha esgrimido reiteradamente el lobby del sector, la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, precisamente para evitar esa posibilidad, se había pactado con la Generalitat Valenciana en 2015 e incorporado a la Ley de Puertos valenciana una disposición que obligaba a convocar concurso público pero restringido a entidades sin ánimo de lucro. El problema fue que la conselleria no llegó a convocar ninguno de esos concursos por los problemas de personal que aquejan a la Administración autonómica y los clubes se impacientaron.
La presión del lobby náutico, con el argumento de que una docena de puertos funcionan con las concesiones caducadas, sirvió para que la izquierda retrocediera en el Parlamento valenciano respecto de aquel primer pacto de 2015 y, de la mano del PSPV-PSOE y de Compromís, consiguió que se volviera a su reivindicación inicial de conseguir renovaciones automáticas de hasta 50 años, condicionadas únicamente a un porcentaje de inversión. Algo a lo que se opuso la entonces Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (ahora las competencias están en la nueva Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad).
“La conselleria hizo bien al defender lo que es legal”, indica Mata sobre la oposición del departamento que dirigía la también socialista María José Salvador, “porque las directrices europeas obligan a la concurrencia competitiva”. No es la primera vez que las Corts Valencianes intentan estirar los límites de la normativa, alega el síndic del PSPV-PSOE para justificar la discrepancia entre el Gobierno autonómico y los grupos parlamentarios de los partidos que lo integraban.
El Gobierno del Pacto del Botánico pretendía democratizar el uso de los puertos deportivos, eliminar los privilegios en el disfrute privado de instalaciones públicas y suprimir “las barreras físicas y psicológicas existentes entre los ciudadanos y los puertos”.
