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Bajo las órdenes de la UE: la Comisión Europea marca (¿o no?) el programa del futuro Gobierno

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Edificio Berlaymont, Sede de la Comisión Europea, Bruselas. Foto: Amio Cajander CC

Edificio Berlaymont, Sede de la Comisión Europea, Bruselas. Foto: Amio Cajander CC

Es el momento de los programas electorales. Ya en plena pre-campaña, las diferentes fuerzas políticas que se medirán de nuevo ante las urnas el 26J van publicando sus propuestas de acción a la búsqueda del voto. Pero no todos los programas de gobierno se juegan en las urnas, como bien sabemos una buena parte de las decisiones que marcaron la última etapa del gobierno Zapatero y de las reformas del gobierno de Rajoy no venían incluidas en sus programas electorales sino que fueron adoptadas en el marco de las llamadas “políticas de austeridad” aparentemente impuestas por la UE. De hecho, es cierto que las líneas maestras de la locura reformista de los últimos años han sido diseñadas por la Comisión Europea pero también lo es que las recomendaciones que han llegado desde Europa han sido aprobadas con el asentimiento de los ejecutivos estatales, muchos de los cuales (especialmente el español de Rajoy) han aplicado la mayoría de estas (auto)instrucciones con entusiasmo. Se trata sin duda de una jugada maestra, las recomendaciones de la Comisión han sido utilizadas por los Gobiernos estatales para diluir su responsabilidad en el plano supranacional y reducir el coste político de la adopción de las brutales medidas de austeridad que han empobrecido durante años a las mayorías sociales de la UE.

El pasado 28 de mayo la Comisión Europea publicó el programa de reformas que deben abordar cada uno de los Estados miembros de la UE (excepto Grecia) entre lo que queda del 2016 y 2017, las llamadas “Recomendaciones por País”. La situación de los 28 Estados no es homogénea. Croacia, Francia, Portugal, España y el Reino Unido se encuentran todavía sujetos a un mecanismo específico (procedimiento por déficit excesivo) mientras que Grecia tiene una situación particular porque está sometida a un programa de ajuste macroeconómico. En otras palabras, el conjunto de países arriba citados están sometidos a un control especial y deben abordar reformas más contundentes. En concreto, para Portugal y España, la Comisión ha recomendado la corrección del déficit mediante el uso de las reformas estructurales que sean necesarias y la aplicación de todos los recursos extraordinarios a la reducción de la deuda y del déficit. Además, en el marco del mecanismo de control del déficit excesivo, volveremos a ser examinados a principios de julio. Por su parte, Grecia sigue siendo un Estado intervenido por los acreedores. Para el estado heleno no hay “Recomendaciones por País” sino una intervención directa en el procedimiento interno de toma de decisiones que ha forzado al gobierno a presentar al Parlamento la llamada “ley escoba” que incluye más recortes de los salarios de los funcionarios, más privatizaciones y desregulaciones. Hoy sabemos también que la cosa se está agravando durante el proceso de enmiendas a la ley. Para muchos se trata de un cuarto memorándum encubierto, para otros la respuesta a un chantaje del cual se está aprovechando la oposición. Cualquiera de las dos explicaciones refleja una misma realidad: ni el gobierno ni el parlamento están actuando según el programa que presentaron para pedirle el voto al pueblo griego.

Merece la pena, antes de entrar en el contenido del Programa que la Comisión ha otorgado a España, comenzar por recordar cómo y por qué la Instituciones de la UE están marcando las líneas maestras de la política estatal, sobrepasando los límites competenciales que le atribuye la propia normativa de la Unión.

Como ya hemos señalado en otras entradas de este blog, desde el año 2009 se han venido poniendo en marcha una serie de procedimientos orientados a conseguir la coordinación (intervención) de las políticas económicas de los Estados miembros de la UE. En concreto, y dejando de lado otros mecanismos, se inició el llamado “semestre europeo”, con el objetivo de sincronizar los calendarios de la evaluación y los informes de la política económica y presupuestaria a nivel de la UE y de ampliar los ámbitos de supervisión y coordinación a políticas macroeconómicas. Durante el semestre, se establece un calendario en el cual los Estados miembros reciben asesoramiento de la UE y posteriormente presentan sus planes de actuación (Programas Nacionales de Reformas y Programas de estabilidad o convergencia) que se evalúan por las instituciones de la UE antes de ser presentados a los propios parlamentos estatales. Después de la evaluación, los Estados miembros reciben recomendaciones por separado (las Recomendaciones específicas por País) que son una guía, de facto de obligado cumplimiento, para la adecuación de sus políticas presupuestarias y la realización de reformas nacionales.

A lo largo de los últimos años, en las Recomendaciones por País para España se han incluido medidas como las siguientes: la reforma de la negociación colectiva (priorizando la negociación en el ámbito de la empresa); la reforma del sistema de pensiones con el fin de retrasar la edad de jubilación legal y aumentar el número de años de trabajo para el cálculo de las pensiones así como la reducción de la cuantía de las mismas (el factor de sostenibilidad); el abaratamiento del despido tanto en coste económico como en procedimiento; el aumento de la “eficacia” en costes de la sanidad, por ejemplo reduciendo el gasto farmacéutico de los hospitales, y un largo etcétera. Todas ellas han sido implementadas mediante la utilización espuria de la figura del Real Decreto Ley por el Gobierno, en innumerables reformas normativas.

El programa publicado el pasado 28 de mayo para España sigue manteniéndose en la línea de “austericidio” mantenida en los años anteriores. La UE considera que la regla de la limitación del gasto no ha sido respetada por las administraciones públicas españolas (en ningún nivel), que todavía existe un riesgo palpable de que España no cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que son necesarias más medidas para garantizar el cumplimiento en 2016 y 2017. La UE nos exige la corrección duradera del déficit excesivo de aquí al final del 2017, reduciendo el déficit de las finanzas públicas al 3,7 % del PIB en 2016 y al 2,5 % del PIB en 2107. Para ello, el próximo gobierno deberá tomar las medidas estructurales necesarias y utilizar todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Parece claro pues que gobierne quien gobierne debería abordar una mayor reducción del gasto público, y por tanto, reducir sus propuestas en materia de gasto social. En realidad esto no supone una novedad respecto de los años anteriores aunque el documento de mayo contiene un paso más, atreviéndose en esta anualidad a adentrarse en el terreno de la educación para establecer las líneas de reforma de nuestro modelo de enseñanza superior.

Debemos recordar que sobre cuestiones de educación la UE únicamente tiene competencia para “apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros” (art. 6 TFUE). Aun así, y para justificar su intromisión en un área tan fundamental de la política estatal, la Comisión Europea utiliza el viejo argumento de vincular el desempleo actual con el sistema educativo, culpabilizando al segundo del insostenible nivel del primero. Para ello la Comisión parte de una valoración de las reformas laborales del gobierno de Rajoy y, sin compartir el optimismo miope de este que relaciona directa y erróneamente la bajada del desempleo con la adopción de las pasadas reformas, se limita a decir que las normas que han desconfigurado nuestro modelo de relaciones laborales han “aumentado la prontitud de la reacción del empleo al crecimiento económico”. Es palpable así el escaso rédito que se le otorga a la magnitud del desastre provocado ¿acaso el empleo no responde normalmente al crecimiento económico?. Más allá de esto, la UE ya reconoce lo evidente. Es cierto, en España asistimos a un aumento de la creación de puestos de trabajo pero a base de contratos flexibles y temporales y con salarios moderados. Además, y pese a lo que hemos abaratado la mano de obra, no conseguimos ni una rebaja contundente del desempleo ni una reducción del paro de larga duración ¿por qué?. La Comisión lo tiene claro, el culpable del desempleo es nuestro sistema educativo.

El mantra de la inadecuación de la educación superior a las exigencias del mercado de trabajo nos acompaña desde hace años y ahora vuelve a ocupar una parte central del discurso de la UE que acusa al sistema educativo español de mantener un nivel general de cualificación bajo y que “dificulta la transición hacia actividades de mayor valor añadido y mina el crecimiento de la productividad”. Señala la Comisión que “a pesar del gran número de personas con estudios superiores, la oferta de cualificaciones no está suficientemente adaptada a las necesidades del mercado laboral, de modo que los índices de empleabilidad de los titulados superiores recientes figuran entre los más bajos de Europa, y gran parte de esos titulados desempeñan ocupaciones que no requieren un título universitario”. Se trata de un argumento inconsistente ¿cómo puede no haber distancia entre las formaciones cursadas y los requerimientos particulares de los puestos de trabajo? Una planificación de la oferta educativa lo más “ajustada” posible estos requerimientos a día de hoy ¿no acabaría siendo inadecuada en el 2020?. Pero además, el razonamiento anterior desenfoca las funciones del sistema educativo, las cuales, indiscutiblemente deben superan el objetivo de la preparación de la mano de obra que requiere el mercado laboral en un momento determinado. Más allá de esta cuestión, las líneas que plantea la Comisión para la reforma de nuestro sistema educativo son tres: el aumento de la cooperación entre las empresas y las universidades, la “flexibilización” del sistema de gobernanza universitaria y la financiación por resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades. Como se ve vuelve con fuerza la argumentación sostenida en el “Informe de Expertos” del malogrado ministro Wert que despertó entre 2013 y 2014 la alarma y el rechazo de una buena parte de la comunidad universitaria.

Como señalábamos al principio, la Comisión Europea tiene un programa de gobierno para cada uno de los 28 Estados miembros, que es especialmente duro para Portugal, España, Croacia, Reino Unido y Francia. Es fundamental atender hoy a la situación francesa a la luz de las recomendaciones de la Comisión, la cual conmina a nuestros vecinos a reducir el gasto público, las pensiones y los salarios mínimos. Es ya bien conocido el conflicto social que hoy se vive en Francia como resultado de la reforma laboral impulsada por el gobierno del Partido Socialista. Se trata de una reforma de la que podemos señalar dos cuestiones fundamentales: la descentralización de la negociación colectiva, otorgando un mayor poder a los convenios de empresa, y la modificación del despido por razones económicas, que persigue facilitar la adopción de las medidas de extinción como instrumento de respuesta a las necesidades empresariales y reducir el poder de valoración de los jueces respecto de la adopción de tales medidas. Ambos tipos de medidas, que parecen una mezcla de las reformas españolas de 1994, 2010 y 2012, persiguen una reducción del coste de la mano de obra, bien mediante una contención salarial bien mediante una aminoración del coste del despido. La contestación social que esta propuesta ha levantado en Francia está siendo imparable. La vinculación entre los sectores laborales más precarizados, los sindicatos, los movimientos sociales y el estudiantado están sosteniendo una protesta capaz de mutar de la ocupación de las plazas a las huelgas sucesivas. La cuestión ahora es no ver la reivindicación y movilización francesa como una reacción de política interna, la reforma laboral francesa no es un hecho aislado, es un eslabón más en la cadena de destrucción de los derechos sociales y laborales impulsada desde la UE en connivencia (en mayor o menor grado) con diversos gobiernos. Así, la protesta francesa debe ser el espejo donde nos miremos cuando el próximo gobierno español sea interpelado para el cumplimiento del programa de gobierno de la Comisión Europea. Bien manifestándonos contra una claudicación, bien sosteniendo a un gobierno rebelde, nos tendremos que ver en las calles.

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