Recentralización y polarización: malos tiempos para reformar el autogobierno
Resulta poco discutible que España se desliza en los últimos años por la senda de la recentralización. Los tres expertos que este miércoles han comparecido en una comisión de las Corts Valencianes, el catedrático de Geografía Humana Joan Romero, el catedrático de Derecho Constitucional Lorenzo Cotino y el profesor titular de Derecho Administrativo Andrés Boix, han coincidido en ello. Y en que eso condiciona el desarrollo del autogobierno y las expectativas de reforma del Estatut d'Autonomia.
“Hay una regresión entre el Tribunal Constitucional que se pronunció en los años ochenta sobre la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) y las sentencias que en los últimos tiempos emanan de él”, destacó Joan Romero en una intervención en la que consideró que la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana “no es posible” hoy por hoy, aunque sería muy deseable, debido a esa “regresión” y a la coincidente pulsión centralizadora del Gobierno, así como a la polarización política que no predispone al pacto y a “la difícil coordinación y cooperación entre niveles de gobierno”.
“El Tribunal Constitucional fue muy autonomista durante mucho tiempo”, coincidía Lorenzo Cotino, que indicó que no es así “en los últimos tiempos”. Por su parte, Andrés Boix asume que la reforma estatutaria sería “mejor hacerla después de la reforma de la Constitución”, pero no ve negativo que la política y la leyes autonómicas sirvan para presionar a favor de la reforma constitucional.
Sentada esta primera consideración, en opinión de Romero habría que centrar la reforma del autogobierno en la ordenación territorial, el reconocimiento de las áreas metropolitanas, el cambio climático y la incorporación de “una nueva generación de derechos” sociales y culturales, así como en incorporar al Estatut la descentralización local y probablemente la ley electoral.
Por su parte, Cotino, que puso en duda la existencia actual de “una demanda social y política” para reformar el Estatut, apuesta por la eliminación de aforamientos, sacar del Estatut instituciones como el nonato Consell de Justícia o la delegación de la Generalitat en Bruselas y la incorporación de derechos como el de acceso a la información pública o la protección de datos. Según Cotino, habría que aprovechar también para “aclarar algunas políticas lingüísticas”.
Este catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia considera que el rescate del derecho civil valenciano tiene un recorrido limitado y no puede ser usado para expandir competencias.
“Quizás no estamos utilizando del todo bien nuestro autogobierno”, es la primera reflexión lanzada por Andrés Boix, que reclama “más autocrítica” en este ámbito. En lugar de tratar de imitar lo que consiguen otras comunidades, como ocurrió con la reforma de 2011 que se centró en garantizar las inversiones estatales y espera hace años su aprobación en el Congreso, Boix apuesta por ser más “autoexigentes” y considera que es necesario reformar el Estatut para “eliminar límites y rigideces”.
La paradoja, como señala Romero, es que otros países políticamente menos descentralizados, como Alemania, están avanzando más en la práctica en el modelo de “Estado horizontal”, de cooperación entre niveles de gobierno, que España, donde prima la relación jerárquica y la mentalidad “vertical”.
