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La candidata del PP para la nueva televisión valenciana, acusada de encubrir abusos sexuales a tres periodistas

Maite Fernández, a la izquierda, en la comparecencia en las Corts Valencianes.

Miguel Giménez

Valencia —

El posible nombramiento de Maite Fernández como miembro del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) a propuesta del Partido Popular sigue generando rechazos -todavía no hay acuerdo definitivo sobre la composición de este órgano-. Así, si la pasada semana fueron las víctimas del metro quienes censuraban la candidatura de Fernández, que aseguran fue una de las responsables de la manipulación informativa del siniestro en Canal 9, ahora se han sumado a estas críticas las tres periodistas que denunciaron por acoso sexual a Vicente Sanz, exsecretario general y exjefe recursos humanos de RTVV.

Las tres periodistas se sienten indignadas por la propuesta del Partido Popular, ya que recuerdan que Maite Fernández fue jefa de Informativos de Canal 9 en la época en la que se produjeron los hechos denunciados, por los que Sanz fue condenado el pasado mes de octubre por seis delitos sexuales (tres de abuso y tres de acoso). La candidata del PP al Consejo Rector era superior de las tres trabajadoras y responsable directa de una de ellas, que trabajaba en la sección de Política. “Cuando salió su nombre fue toda una sorpresa negativa para nosotras”, han apuntado, ya que aseguran que, pese a declarar durante el juicio que no sabía nada, “era cononcedora de todo lo que sucedía”.

Así, una de las extrabajadoras denunciantes recuerda que -tal y como también aparece recogido en su declaración judicial- cuando subía al despacho de Sanz, Fernández le preguntaba: “¿Otra vez?”, así como relata que si ella se negaba a atender las llamadas del responsable del ente público valenciano y no acudía a su despacho, la entonces jefa de Informativos actuaba de intermediaria: “Me decía, 'Sanz que subas'”. Por este motivo, las denunciantes consideran que Fernández actuó como “encubridora”, por lo que les resulta “inconcebible” que pueda estar dentro del organigrama de la nueva radio y televisión valenciana en un puesto clave: “No hizo nada durante todo ese tiempo cuando te estaba enviando al 'corredor de la muerte'”.

A su juicio, no resulta creíble que “no notara nada ni nos viera deprimidas, como aseguró en el juicio, cuando se nos notaba la presión, teníamos las caras desencajadas, dejábamos de hacer nuestro trabajo para atender a las llamadas de Sanz y yo incluso me cogí una baja por depresión”. “Su declaración fue falsa, igual que las de López Jaraba y Lola Johnson, que también lo sabían”, han afirmado las periodistas.

De este modo, no acaban de comprender ni su propuesta por parte del PP ni la aceptación por parte de otros grupos de las Corts, “al menos dos de ellos, que nos apoyaron durante el juicio, sí que son conocedores de su papel, la inacción frente a las situaciones de abuso, así como del hecho de que no se preocupara por nosotras ni nos preguntara nunca”. No entienden que se “premie” a una persona que ha actuado como “encubridora” de un delito con un puesto de tal relevancia. “¿Acaso el PP no tiene profesionales válidos a los que proponer?”, se preguntan.

Las tres periodistas lamentan la situación de indefensión que vivieron, “a pesar de que intenté ponerme en contacto con Lola Johnson, aunque fue Vicente Sanz quien me llamó”, relata una de ellas, y denuncian que estuvieron solas: “Lo hemos pasado muy mal y ahora rompemos el silencio porque es inconcebible que se premie a esta persona, que era un tentáculo más de Sanz y que podría actuar del mismo modo si se repitiese esta situación”. “No lo aceptamos ni lo comprendemos, porque no es de recibo”, sentencian.

Sanz eludió la prisión

El exsecretario general y exjefe de Recursos Humanos de RTVV -que fue expresidente del PP en Valencia- fue condenado a 87 meses de multa (15.660 euros) y 210.000 euros de indemnización por los hechos que se produjeron entre diciembre de 2007 y enero de 2010. Sin embargo, eludió la prisión al reconocer los hechos y pactar una condena. Fiscalía solicitaba hasta 20 años de prisión y las acusaciones hasta 24 años.

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