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La sanción a Oltra se decidirá en una sesión sin medios de comunicación

El escaño de Mónica Oltra quedó vació al no poder entrar en la última sesión

EUROPA PRESS

València —

La Mesa de las Corts Valencianes se reune este martes para, entre otros asuntos, abordar la situación creada tras la negativa de la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, a dejar el pleno tras ser expulsada por el presidente del Parlamento autonómico el pasado 8 de mayo y que obligó a suspenderlo hasta la semana siguiente.

El Reglamento de la Cámara establece como motivo de suspensión temporal de la condición de diputado por razón de “disciplina parlamentaria” el supuesto de que “después de haber sido expulsado de la sala del pleno o de comisión, se niegue a abandonarla”. Además, “si la causa de la sanción es, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia rendirá cuentas de los hechos al Ministerio Fiscal”.

La reunión de este órgano será la primera que, de forma ordinaria, tiene lugar tras la expulsión de Oltra. Así, la Mesa tiene la potestad para proponer una sanción, aunque primero puede plantear el “procedimiento sancionador”, por lo que cabe la posibilidad de que la propuesta de castigo que deba recibir la portavoz adjunta de Compromís se aplace al menos una semana, tras las elecciones europeas del 25 de mayo, según han informado fuentes parlamentarias.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís tiene previsto asistir este martes a un acto de campaña electoral al municipio alicantino de Elche.

En todo caso, la decisión que adopte la Mesa de las Corts, cuando sea adoptada, deberá sustanciarse en un pleno que se celebrará a puerta cerrada, sin que se permita el acceso de los medios de comunicación.

Los grupos de la oposición se han mostrado en contra de que se sancione a la diputada porque consideran que “ya ha cumplido” con la no asistencia de Oltra a la continuación de la sesión plenaria y porque opinan que se trata de una “maniobra del PP para desviar la atención de los problemas reales de los ciudadanos”. Los 'populares', por su parte, son partidarios de que “se aplique el Reglamento” y entienden que su comportamiento “es sancionable”.

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