Piden a Fiscalía que investigue la modificación de las cláusulas de renuncia de Castor
Esquerra Unida ha solicitado a la Fiscalía que investigue si se cometió algún delito cuando el Gobierno de Mariano Rajoy “amplió de cinco a 25 años la cláusula de renuncia que permite a la empresa Escal-UGS de Florentino Pérez cobrar una indemnización de 1.460 millones de euros por el proyecto Castor”, frente a las costa castellonense de Vinaròs.
El diputado de EU en Les Corts Valencianes Víctor Tormo ha registrado este viernes un escrito en la Fiscalía referente a la planta Castor por si considera relevante esta información en el marco de las diligencias previas que se están instruyendo por los movimientos sísmicos registrados en las costas.
Según ha apuntado Tormo, “el Gobierno va a pagar 1.460 millones de euros a Escal-UGS por conceptos de indemnización para un almacén que no está operativo porque en su diseño no se tuvieron en cuenta los efectos sísmicos en las fallas submarinas, dinero que, por culpa del Gobierno de Rajoy, deberemos pagar todos los ciudadanos”.
Además, el parlamentario ha señalado que desde su formación política han querido poner en conocimiento de la Fiscalía las nuevas informaciones publicadas sobre “la ampliación de cinco a 25 años por parte del Gobierno de Rajoy de la cláusula de renuncia, además de endurecer sus cláusulas en beneficio de la empresa de Florentino Pérez. Queremos que esta nueva información sea tenida en cuenta por parte de la Fiscalía e investigada por si fuera constitutiva de algún delito”.
Informe del IGN
El diputado ha recordado que EU ya entregó el informe sismológico del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para que se adjuntara a la documentación que ya constaba en el expediente, “ahora hemos querido que la información que tiene en su poder el Banco Europeo de Inversiones (BEI) sea investigada también por la Fiscalía, pues consideramos que estamos ante otro saqueo al erario público, ante la connivencia entre política y economía, por la actuación dolosa del Gobierno”.
Tormo se felicita de que el Síndic de Catalunya también se haya sumado a la exigencia para que “esto no lo paguen los ciudadadanos”, y confía en que el valenciano se adhiera a la invitación de su homólogo catalán y “también esté preparando un escrito al respecto para defender los derechos de los valencianos”.
En el proceso del Castor “queda claro que los gobiernos de Rajoy y Zapatero han puesto por delante los intereses de Florentivo Pérez en perjuicio de los intereses generales de la ciudadanía”.
