Intersindical denuncia que un funcionario de Valencia encadena comisiones en la Diputación para trabajar para el PSPV
“Más de tres años trabajando para el PSPV pese a ocupar puesto de funcionario primero gracias a una comisión de servicio -de un año prorrogada en otro- y de asesor del diputado de Administración General y Transparencia”. Esa es la acusación que hacen desde Intersindical Valenciana respecto a Aarón Cano, un empleado municipal en el Ayuntamiento de Valencia que ha desempeñado diversas funciones durante esta legislatura en la institución que ahora preside el socialista Toni Gaspar y antes lo hacía el también socialista Jorge Rodríguez, imputado en el caso Alquería.
Así, el 1 de diciembre de 2015 se recibe por primera vez en comisión de servicios a Cano para que preste sus servicios como jefe de sección de Investigación y Difusión del Patrimonio -una plaza que estaba vacante- por un año de duración, “sin publicidad, colocado a dedo”, insisten desde el sindicato, quienes apuntan que el 30 de noviembre de 2016 se prorroga la comisión de servicios por un año más, de nuevo sin publicidad. Con estos dos decretos, el funcionario acumuló el máximo que permite la ley para una comisión de servicios.
El 26 de diciembre de 2017, por decreto de presidencia, se hace una nueva comisión de servicios como jefe de Gestión de Programas en el centro de Gestión de Personal y se propone a Cano, con una “formación, experiencia profesional y actitudes” que se consideran “idóneas” para el puesto. En el Ayuntamiento de Valencia es técnico medio de biblioteca, “que nada tiene que ver con la gestión de personal”, insisten desde el sindicato. “Esta plaza, dotada con 56.220 euros anuales, dependía orgánicamente del jefe de gabinete, José Luis Aragón, y del diputado de Personal, José Ruiz”, sostienen desde el sindicato, que insisten en que Cano trabajaba “para el partido (PSPV)”. Intersindical recurrió por vía contencioso-administrativa que falló anulando la resolución de la Diputación al considerar que no existió “publicidad alguna”, tal y como marca la legislación vigente.
Coincidiendo con esta tercera comisión de servicios y teniendo en cuenta la judicialización de esta plaza, el 17 de diciembre se le concede a Cano, por un periodo de seis meses -el máximo que marca la ley para este tipo de designaciones-, una cuarta comisión de servicios como asesor técnico en el grupo del PSPV -como responsable de programas- en la Diputación, una plaza de libre designación, “le vuelven a nombrar en comisión de servicios en un puesto destinado a un funcionario sin convocatoria pública ni publicidad, incumpliendo el principio constitucional de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (artículo 23-2)”. Esta plaza está dotada con un salario de más de 64.000 euros anuales.
Las comisiones de servicio “no son irregulares”
Cano asume la sentencia pero puntualiza que no son cuatro comisiones de servicio -tal y como asegura el sindicato- sino dos y que en ningún caso son irregulares. Además, asegura que su caso es el mismo que sucede en “centenares” de comisiones de servicios en toda la Comunitat Valenciana: “Si yo no fuera vicesecretario general del PSPV (en la provincia de Valencia), no me hubieran denunciado”. Así, achaca la acción iniciada por Intersindical a una campaña de imagen: “Se acercan las elecciones sindicales y tienen que visibilizarse”.
Así mismo, considera “indignante” que digan de él que es un empleado 'zombi': “Me hace mucha gracia. Mi trabajo lo hago y lo cumplo”. Pone como ejemplo la campaña 'Memòria de la Modernitat'. “Es un programa del que soy 'padre', ya que es un proyecto que no existía, y gracias al cual más de 100.000 valencianos han descubierto el patrimonio de la Diputación”, concluye.
