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La precarización del sector de socorrismo en la Comunidad con más fallecidos en lo que va de año

La fuerte precarización, la necesidad de una formación “oficial”, la falta de una normativa actualizada y las diferencias entre comunidades, son algunos de los principales problemas del sector

Durante la semana pasada renunciaban nueve socorristas en Benicàssim denunciando irregularidades en los contratos laborales, así como falta del material

En la Comunidad Valenciana se han producido 37 de los 269 fallecidos por ahogamiento en lo que va de verano, una de las cifras más altas de los últimos años

Un socorrista vigila una playa

Un socorrista vigila una playa

Según desvelaba esta semana la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), durante este año se ha disparado un 20% el número de personas fallecidas por ahogamiento con respecto a 2018. En concreto, la valenciana se ha establecido como la autonomía que ha registrado una mayor fatalidad, con 37 de los 268 fallecidos en lo que va de verano. En este contexto, durante la semana pasada renunciaban nueve socorristas en Benicàssim denunciando irregularidades en los contratos laborales, así como falta del material necesario para llevar a cabo su trabajo en una temporada especialmente complicada.

Según los trabajadores y diversas asociaciones de socorrismo, además de una fuerte precarización, el sector enfrenta distintos problemas como la necesidad de una formación “oficial”, la falta de una normativa actualizada que regule el espacio acuático o las diferencias entre comunidades. En el caso de la localidad castellonense, que durante esta semana ha recogido el festival de música Rototom Sunsplash 2019, los socorristas denuncian toda clase de “irregularidades”.

Los propios trabajadores remitieron, unos días antes de la celebración del evento, una carta al Ayuntamiento de la localidad en la que detallaban la precaria situación en la que se veían forzados a realizar su trabajo. La empresa, afirmaban en el escrito, no había entregado ningún contrato a los trabajadores y, por tanto, no habían firmado ningún documento. Además, los socorristas se quejaban de la realización de horas de más que no se les abonaban.

Según el texto, la empresa encargada de la vigilancia de la playa tampoco cumpliría con la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y los socorristas carecían también de equipo de comunicación, prismáticos en condiciones o lavabos en las postas de vigilancia. En la actualidad, inspecciones llevadas a cabo por el propio Ayuntamiento han concluido que la situación está en orden, pese a que los socorristas aseguran que esto se debería a la mediatización del asunto.

Desregulación en el sector

Lo más cercano a una regulación en materia de socorrismo es la orden de 31 de julio de 1972, que establece una tipología de playas y, en función de esos tipos, fija los servicios de auxilio y salvamento, sin mención alguna al número de socorristas que deben vigilarlas, su formación o el número y distribución de las torres de vigilancia. El material al que se refiere la norma es el propio de los años 70.

La cosa es todavía más complicada a nivel formativo, ya que cualquier persona puede ser socorrista con certificados de profesionalidad expedidos por Empleo (mediante cursos de 370 horas), siendo técnico superior Tafad (Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas). Sin embargo, también existen cursos que van desde las 20 a las 120 horas, además de cursos online en función de la comunidad autónoma. El descontrol y la falta de una estandarización que homogeneice la formación a nivel nacional son totales.

La propia Cruz Roja Española advierte en su página web a aquellos que deseen formarse como socorristas sobre la existencia de “empresas que abusan de sus socorristas, establecen jornadas semanales de más 60 horas o no les compensan las horas extra. E incluso les hacen contratos en prácticas o les pagan en negro”.

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