Situación límite en la grúa de Valencia por la caída a la mitad de los enganches

El servicio municipal de la grúa de Valencia está en una situación límite. La caída a más de la mitad de los enganches de vehículos ha reducido notablemente los ingresos previstos por la nueva contrata, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Pavapark-Auplasa, que gestiona el servicio desde mediados del año pasado.

El anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento, con Rita Barberá al frente (PP), adjudicó este servicio a la UTE por 56 millones de euros durante 8 años, es decir, a razón de 7 millones por año.

Sin embargo, estos ingresos dependen del número de vehículos retirados que literalmente se ha desplomado. El motivo, según han informado fuentes sindicales, es que se ha racionalizado el uso de este servicio: “Ahora solo se retiran los vehículos que realmente obstaculizan el acceso a vados, el resto solo se sancionan”.

En la misma línea, los nuevos responsables municipales, con el alcalde Joan Ribó a la cabeza, ya hicieron pública su intención de suavizar el funcionamiento de la grúa para que el ciudadano lo vea como un servicio público y no como un castigo o como un recurso para recaudar.

Así, según han informado las mismas fuentes a eldiario.es, de los 250 coches y motos que se venían retirando de media al día en 2014, se ha pasado a 120 diarios en lo que va de año.

Este descenso ha supuesto una merma económica considerable que ha colocado a la UTE en una difícil situación. De hecho, según las mismas fuentes, la contrata ya ha comenzado a hacer algunos recortes para ahorrar costes que suponen incumplimiento del pliego de condiciones.

Por ejemplo, en lugar de las 20 grúas que deberían funcionar por las mañanas y tardes, suele haber funcionando entre 14 y 17. Además, la base de la calle Benicarló se cierra los fines de semana.

La UTE ya ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento esta situación y ha solicitado soluciones. Las mismas podrían pasar por una reducción de las condiciones del pliego para abaratar costes, lo que podría implicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaría a los 82 trabajadores, quienes se verían obligados a dejar de trabajar por turnos durante un período temporal y determinado.

Otra posible solución sería que el Consistorio cubriera la diferencia hasta los 7 millones de euros anuales que supuestamente debía de ingresar la contrata según la adjudicación del contrato, y a los que no se llega por el déficit de enganches.

Sin embargo, según las fuentes consultadas por este diario, la intención del Ayuntamiento es no ceder ante estas propuestas de la UTE, ya que la voluntad municipal es recuperar la gestión directa de este servicio.