El vicealcalde de Valencia no dimite aunque se le piden 11 años de prisión por el caso Nóos
El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, para quien las acusaciones populares en el caso Nóos piden once años de cárcel, ha dicho hoy que no piensa renunciar al cargo porque entiende que sigue sin estar imputado en esa causa y no existe acusación formal contra él. El fiscal, a diferencia de las acusaciones populares, no ha pedido que se siente en el banquillo.
Grau ha comparecido en rueda de prensa acompañado por su abogado para rebatir, ha dicho, los argumentos del grupo municipal socialista en que se basa su petición de cárcel e informar de que ha presentado un recurso de apelación ante la ausencia del auto de procedimiento abreviado.
Sin embargo, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, sí está imputado. Lo confirmó el 21 de noviembre el juez que investiga el caso Nóos, que rechazó el recurso del número 2 de Rita Barberá contra el auto de la Audiencia de Palma de Mallorca que lo incluyó en la lista de imputados a petición del PSPV-PSOE. Los socialistas ejercen la acusación popular por los negocios, supuestamente ilegales, de Iñaki Urdangarín en la Comunitat Valenciana.
El pasado junio Castro archivó la causa para el vicealcalde así como para otros numerosos imputados, si bien luego la Audiencia acordó reabrir las investigaciones para el alto cargo de Valencia. Grau defendió en una rueda de prensa muy comentada, que era el propio juez instructor quien debe decidir sobre esta cuestión, y no la Audiencia. Ahora, el juez Castro ha hablado. Y Grau sí está imputado. Este es el vídeo de la chulería de Grau.
El tribunal de la Sección Segunda aceptó los argumentos expuestos por los regidores socialistas al incidir en el papel que habría desplegado Grau en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.
Se trata de unas contrataciones en el marco de las cuales, según la Audiencia, se orilló el interés general, se prescindieron de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos.
Unas pautas que eran obligadas, añadía la Audiencia, al recalcar que los fondos que manejaba la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), entidad que junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y Nóos plasmó su firma en el convenio de 2004 y en las dos addendas posteriores, y de cuyo Consejo Rector era miembro Grau, eran de naturaleza pública.
El vicealcalde de Valencia cree que su imputación es injusta, llegó al final de la investigación y no ha tenido tiempo para defenderse, por lo que pidió al juez nuevas pesquisas- numerosos interrogatorios, entre ellos- para poder probar su inocencia. El juez accedió. Ahora, Grau anuncia más recursos, aunque en fuentes jurídicas dan por seguro que se sentará en el banquillo de los acusados.
