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El hundimiento de la Cámara de Valladolid: pleito con la Junta, hipotecas y números rojos

El director general de la Cámara de Comercio, Roberto García.

Laura Cornejo

Ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018 ha conseguido la Cámara de Comercio de Valladolid salir de los números rojos. La institución cameral refinancia deudas y constituye una hipoteca detrás de otra mientras sus dirigentes niegan la realidad. El organismo con 133 años de historia se hunde. Con la última auditoría, la Junta de Castilla y León, entidad tutelante, ha tenido que recurrir a la Ley de Cámaras de la región que obliga a realizar un plan de viabilidad para superar la situación en un máximo de cuatro años. Si la Cámara no sale de la crisis, se tiene que extinguir.

No sería la primera que desaparece en Castilla y León. En diciembre de 2018 la Cámara de Ávila desapareció. No pudo hacer frente a una deuda de 580.590 euros, 408.101 de salarios pendientes y extinción de contratos por sentencia judicial y 172.489 a proveedores, Seguridad Social, Hacienda, Consejo de Cámaras y Ayuntamiento de Ávila. La situación no era ni mucho menos tan comprometida como la que se da en Valladolid, donde la deuda supera los 8 millones de euros y donde se mantienen los gastos por más de 4 millones cada año.

Nueva hipoteca

Los resultados del pasado ejercicio no solo presentan, según la auditoría, un fondo de maniobra negativo por valor de 278.000 euros. La Cámara ha tenido que hipotecar además uno de sus bienes, la Escuela de Cocina, un proyecto financiado por una empresa pública de la Junta de Castilla y León y que costó 5 millones.

Cuando se construyó, en 2012, el compromiso era pagarla en 15 años. Hoy, con la deuda refinanciada en 2016 y 2017, el plazo se ha ampliado a 42 años. Pero ni así ha mejorado la situación. En febrero de 2018, dice la auditoría, la Cámara pidió conformidad al Ayuntamiento de Valladolid, administración que le cedió el terreno durante 50 años, para hipotecar ese suelo a favor del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León.

Ya hizo algo similar en el año 2016, cuando tras refinanciar la deuda con la Junta, para garantizar el pago total del capital y los intereses devengados hipotecó el edificio destinado a Vivero de Empresas en Valladolid, construido también en un suelo cedido por el Ayuntamiento de Valladolid, durante 30 años.

La Cámara sigue acumulando unas deudas financieras por valor de 8,4 millones de euros, pero hay otras que afectan a otras instituciones que la elevan hasta los 8,7. En esa situación se encuentra la Feria de Valladolid, en cuyo accionariado, a través de un consorcio, está la Cámara. La deuda supera los 300.000 euros. No ha pagado un euro desde 2014 y ni las refinanciaciones a las que accedió la institución ferial han conseguido cambiar la situación.

En una situación más comprometida se encuentran trabajadores que han contactado con eldiario.es. La Cámara, que tiene como forma principal de ingresos los cursos de formación y los másteres, paga a sus docentes “incluso a 360 días”. Si se quejan, aseguran, no se les vuelve a contratar.

Mientras todo esto ocurre, desde la Cámara, que se ha negado a hablar con eldiario.es, se resta gravedad a la mayor crisis de su historia. El pasado lunes, aseguraron a este diario que la Junta había aprobado las cuentas y que no les había pedido un plan de viabilidad. Un día después, el presidente, Víctor Caramanzana, realizó un mailing masivo a empresarios de Valladolid para intentar desmentir la información publicada por este medio.

En el escrito sí que se hablaba del plan de viabilidad negado un día antes y se aseguraba que era sólo “una simple observación de la Junta”, algo que el Gobierno autonómico negó este jueves: “La ley está para cumplirla”, zanjó el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez.

“Líderes mal que le pese a alguien”

También este jueves el director general de la Cámara, Roberto García, concedía una entrevista a Onda Cero Valladolid para insistir en que la Junta de Castilla y León ha aprobado las cuentas “en el resuelvo” y comentaba que se “hacía alusión” a que al estar “en pérdidas” había que hacer un plan de viabilidad.

“Nos encontramos con dos problemas, uno de forma y otro de fondo. Cuando alguien te hace un requerimiento, te lo hace con un plazo, con un formato y con una capacidad de recurrir, que es lo que estamos estudiando”, aseguró. García obvió que la Ley de Cámaras autonómica no deja demasiado espacio: si hay más de dos ejercicios negativos, hay que hacer el plan.

“En cuanto al tema de fondo”, García comentó que la Ley de Cámaras entró en vigor en enero de 2019 y podría “rozar con un tema de retroactividad”. “En el caso de tener que presentar el plan de viabilidad, que lo estamos estudiando, no hemos dicho 'no', hemos dicho que vemos problemas en esas cuestiones. Tiene que informarlo el Consejo de Cámaras de Castilla y León, que se debería haber creado seis meses después de que se promulgue la ley y no está”, razonó. “Creemos que no nos pedían el plan oficialmente y que hay problemas de fondo y de forma”, insistió.

Sobre la situación económica, García habló de unas pérdidas de 183.000 euros –la Junta de Castilla y León y la auditoría dicen que son 278.000– pero con un Ebitda, “un resultado positivo, de 350.000”. “No podemos con la amortización contable de algunos edificios”, reconoció. “La Junta de Castilla y León con la actual administración es especialmente sensible con las cámaras de comercio y hemos tenido diferentes contactos”, dijo. Pese a ello, pedirá una “aclaración” de la resolución. “Tenemos un plan estratégico que estamos cumpliendo”. “Agosto va bien”, señaló. “Nosotros a nivel de funcionamiento, mal que le pese a alguien no sabemos por qué, somos una de las cámaras líderes”, dijo García.

Pleito con la Junta de Castilla y León

No habló sobre el pleito que mantiene con la Junta de Castilla y León para intentar anular el contrato que firmaron para la financiación de la Escuela de Cocina, y que en este momento está en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en una fase muy inicial, según fuentes judiciales.

Tampoco mencionó la escasa repercusión de la crisis que sufre la Cámara en los sueldos de sus directivos. Según un documento al que tuvo acceso eldiario.es, en 2016, mientras los trabajadores sufrieron una bajada del 10% García mantuvo intacto su salario, por encima de los 100.000 euros. Las retribuciones que aparecen en la auditoría de ese ejercicio no casan con los datos de ese documento interno.

eldiario.es se dirigió a la Cámara para conocer las fechas en las que presentarían el plan de viabilidad al Pleno de la Cámara, que debe aprobarlo, para que explicasen en qué se basan para pretender anular un contrato firmado entre la Junta y la Cámara para financiar la Escuela de Cocina y para conocer a cuánto ascendieron los salarios de sus directivos en 2018. No hubo respuesta.

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