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Castilla y León inicia el trámite para dotar de carrera profesional a 85.000 funcionarios, con dudas de financiación

Trabajadores públicos de Castilla y León, en una concentración.

Luis V. Huerga

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Con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, las Cortes de Castilla y León han aprobado iniciar los trámites para comenzar el desarrollo de la carrera profesional para los 85.000 empleados públicos de la Comunidad, aunque con dudas de financiación, ya que este plan contará con al menos 75 millones de euros, aunque esta medida estará vinculada a las posibilidades presupuestarias. Este proyecto de Ley, que modifica la legislación en vigor, de 2007, nace también, según los grupos de la oposición, sin el apoyo de los principales sindicatos.

El presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado esta propuesta de tramitación, que ha calificado de “buena ley”, porque “mejorará los servicios públicos” de la Comunidad. Contempla mejoras retributivas para los trabajadores públicos y se incorpora también el personal docente de centros concertados, unos 7.700 según Mañueco. La ley se desarrollará, en principio, durante seis meses, en “negociación con los sindicatos” para “adaptar” el marco legal de los funcionarios a los “nuevos retos” y al “proyecto de Castilla y León”.

Esta propuesta de modificación de la ley para establecer la carrera profesional nace con las críticas de los grupos de la oposición, que han afeado al Partido Popular que la haya puesto en marcha después del conflicto generado con los veterinarios, que exigían el mismo tratamiento que el personal sanitario. El socialista José Francisco Martín lo ha calificado de “esperpento” y ha insistido en el hecho de que no se haya negociado previamente con los principales sindicatos, por lo que cree que “no se va a poner en marcha”.“No se puede ir en contra de los trabajadores”, ha afirmado Martín.

En la misma línea se ha expresado Podemos, que también ha lamentado que la Junta de Castilla y León haya esperado hasta el final de la legislatura, a pesar de que ya en el año 2003, el Partido Popular tuvo la oportunidad de crear esta ley de carrera profesional. La procuradora Natalia del Barrio, al contrario de lo que sostiene el PP, ha asegurado que si los servicios públicos se han mantenido ha sido “a pesar del Partido Popular” y “gracias al trabajo de los funcionarios”.

Desde Ciudadanos, Manuel Mitadiel, ha asegurado que esta ley “tiene carencias”, aunque su grupo de cinco procuradores lo ha apoyado. Ha reconocido que las categorías más bajas no van a recibir incentivos. “Es deficiente, pero mejora las retribuciones de los funcionarios”, ha comentado Mitadiel.

José Sarrión, de Izquierda Unida, ha hecho hincapié en que esta medida “se fía a una situación presupuestaria que nadie puede garantizar” y que se ha negociado “de espaldas a los sindicatos”. También ha indicado que precisa de un desarrollo normativo que “no se puede hacer en esta legislatura”, ya que el plazo marcado es de seis meses. Considera, además, un “insulto” para los profesiones y maestros, a quienes esta ley “obliga a elegir entre los sexenios o la carrera profesional”, por lo que ha reclamado una “homologación” para estos profesionales que, en Castilla y León, “son los peor pagados del país”.

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