Sale de prisión el gerente de la funeraria de la estafa de los ataúdes

El gerente de la funeraria de la estafa de los ataúdes, Ignacio Morchón Vaquero, salió del Centro Penitenciario de Valladolid este viernes, después de dos meses en prisión preventiva “que nunca debió cumplir”, según un comunicado enviado por su letrado a eldiario.es.

Morchón, al que la juez impuso una fianza de 800.000 euros tras su detención, no quiso, en un primer momento, hacerla efectiva, puesto que su padre, fundador de Grupo El Salvador y gerente hasta hace unos años, también se encuentra en prisión y no quería dejarle solo. Sin embargo, la difícil situción que atraviesan las empresas del grupo le ha hecho cambiar de opinión. “Esperemos que este hecho ayude a la continuidad empresarial y al mantenimiento de los puestos de trabajo ahora en riesgo”, dice su letrado. Al igual que hizo su hermana, Laura Morchón, hace dos semanas, ha presentado una fianza hipotecaria con cuatro inmuebles.

Además, la defensa de los Morchón intentará que las dos fianzas que se han prestado, la de Ignacio y la de su hermana Laura, esta última de 200.000 euros avalada con un piso, se reduzca “hasta su desaparición”, así como para que el padre quede en libertad. “La prisión que se mantiene es del todo improcedente a la vista de las circunstancias”, finaliza.

Según la investigación, a lo largo de 20 años, en los dos tanatorios que El Salvador tiene en Valladolid se sacaron los cadáveres de sus ataúdes antes de incinerarlos para revenderlos varias veces. Este presunto delito de estafa continuada afectó a más de 5.000 familias y se defraudaron unos 7 millones de euros. La Operación Ignis arrancó hace más de un año, tras la condena por extorsión a un exempleado de la funeraria, que amenazó a Mochón con desvelar prácticas irregulares si no recibía una compensación económica. Este hombre documentó con fotos y notas más de 5.600 cambiazos. El extrabajador forma parte de los 26 imputados en la causa.

La jueza ha pedido la declaración de causa compleja, que implica un plazo de instrucción más amplio, de 18 meses prorrogables, así como un refuerzo de personal. El Tribunal Superior de Justica ha informado favorablemente para que así sea y pide que se incorporen al equipo judicial un inspector y un subinspector de Hacienda.