Las acusaciones elevan a definitivas peticiones de entre 35 y 45 años de cárcel en el 'Caso Samaniego'

La Audiencia de Valladolid ha dejado visto para sentencia el juicio por el denominado 'Caso Samaniego', después de que las acusaciones pública y particular elevaran a definitivas sus peticiones de pena que conjuntamente se elevan a 35 y 45 años de cárcel, respectivamente, para los cuatro presuntos implicados, el que fue jefe del Servicio de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego; su hijo, un primo del primero y el contable del clan familiar.

Reservado únicamente el quinto día del juicio para la exposición de los informes finales, ninguna de las partes ha modificado sus escritos, en el sentido de que la fiscal del caso y el Ayuntamiento, personado como acusación particular, siguen pidiendo las mismas penas, con peticiones de entre once y quince años de cárcel para el principal inculpado y ocho y diez para sus compañeros de banquillo y las solicitudes de absolución mantenidas por sus letrados defensores.

En su informe final, la acusadora pública y exfiscal jefe, Esther Pérez, ha sido categórica al afirmar que “hay pruebas incontestables de que los cuatro acusados actuaron de común acuerdo y se concertaron” para asegurarse la adjudicación de buena parte de las obras menores del Ayuntamiento de Valladolid, trama que les dio sus frutos al asegurarse contratos entre 2001 y 2014 por importe no inferiores a los 10 millones de euros.

En este sentido, entiende que no es “fruto de casualidad” que tanto Luis Alberto como su hijo Luis Javier recibieran “pagos en metálico” de su grupo empresarial, integrado por trece mercantiles, al tiempo que considera “absolutamente probada” la comisión por parte del primero de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, ya que su condición de funcionario en el periodo investigado como responsable de Mantenimiento, con competencia en dirección, supervisión y fiscalización, le prohibía contratar con sus sociedades.

“El dinero a una caja común”

“Se adjudicara a quien se adjudicara, el dinero ha ido hacía una caja común desde la que se hacía luego el reparto”, ha aseverado la fiscal, quien ve probable que en el presente caso fallaran los controles de la Administración local, que durante casi quince años no descubrió lo ocurrido, pero se muestra firme al asegurar que “aquí lo único que ha fallado es que un funcionario, por intereses bastardos, se aprovechó de tal condición”.

En la misma línea que la acusación pública, que ha puesto en valor los informes de los técnicos del Ayuntamiento, frente a la prueba aportada por la defensa, el letrado del Ayuntamiento ha recordado a los tres magistrados de Sala que en 2014 el propio Luis Javier Samaniego, tal y como durante el juicio certificaron el secretario y el interventor municipales, llegó a reconocer su culpa y se 'confesó' con la responsable del Departamento de Patrimonio, su jefa jerárquica.

“!Sabía que me iban a pillar!”, son las palabras que el acusador particular ha puesto en boca del acusado durante el encuentro mantenido con Isabel Page.

El acusador ha censurado que incluso los trabajadores de las empresas de los Samaniego entraban en el Ayuntamiento para aprovisionarse de material que luego cobraban a la institución local y, asimismo, ha dejado entrever que la trama podría alcanzar todavía mayores proporciones por cuanto sólo se investiga la adjudicación de obras menores por parte de tres empresas de los procesados, en referencia a que el clan llegó a crear cerca de una treintena.

Pero además, el abogado del Ayuntamiento ha advertido de que en el momento de destaparse la trama y abrirse expediente disciplinario a Luis Alberto Samaniego se produjo el borrado de un total de 65.436 archivos de los ordenadores, a lo que ha añadido que trabajadores del Centro de Mantenimiento llegaron a reconocer que en aquellas fechas se produjo un traslado de trituradoras a dicho espacio que durante un día entero destruyeron “montañas de papel”.

Poco antes de concluir su intervención, antes de dar paso a los informes de las defensas y sus peticiones absolutorias, el acusador particular también ha contrapuesto el incremento desorbitado de la facturación de las empresas del clan, que pasó de los 300.000 euros al 1.100.000 euros, sin olvidar tampoco los 227.000 euros que Luis Alberto percibió de sus empresas como aparejador entre 2009 y 2014.

Con respecto a las peticiones concretas de las acusaciones, la fiscal del caso pide para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel--en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público--, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid eleva a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pedía para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebaja las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.

El procedimiento contra todos ellos obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.