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El consejero de Fomento presume de trabajar por el interés de los ciudadanos y cuestiona las acciones judiciales de los ecologistas

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Laura Cornejo

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha celebrado este miércoles en rueda de prensa las dos sentencias del Tribunal Supremo que dan la razón a la Junta de Castilla y León y ha apuntado directamente a los colectivos ecologistas que habían recurrido algunas resoluciones judiciales.

El consejero, juez de profesión, ha instado a los ecologistas a que reflexionen sobre el tiempo que se ha perdido en el proyecto del Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray (Soria) así como sobre los trabajos y “proyectos de vida” que se han frustrado.

El Supremo desestimó, en una sentencia que se conoció este martes, el recurso de ASDEN (Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza) contra la aprobación del proyecto del parque, una reconversión que realizó la Junta tras la ilegalización de la Ciudad del Medio Ambiente, un proyecto residencial de viviendas de lujo que incluía un polígono industrial.

Suárez Quiñones ha recordado que se trata de una “iniciativa para reactivar la economía”, y que el objetivo era crear “un parque donde anidasen empresas sostenibles”, algo que en lo que los tribunales dieron la razón a Fomento, y con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2017 que ahora ha ratificado el Supremo. “Tenemos que mirar hacia delante, pero alguien tiene que ver qué intereses persigue”, ha advertido. Además ha anunciado que en el Parque Empresarial del Medio Ambiente se establecerá la empresa Carburos Metálicos, que hará una inversión de 14 millones para un proyecto de “captura de emisiones de CO2” de la central térmica de biomasa de Garray para almacenarlo y venderlo.

Suárez-Quiñones ha hecho una llamada a que estos colectivos “reflexionen” e incluso que se sienten con la Junta para negociar, tal y como se está haciendo con la Ley de Caza, en la que se debate con distintas organizaciones ecologistas. El consejero se ha referido a la caza porque el Supremo también ha dado la razón a su Consejería y ha revocado la anulación de la orden de caza de 2015.

“Esto viene a cerrar un debate sobre cómo hacia las cosas la Junta en materia de caza, ha habido muchas opiniones pero afortunadamente el Supremo ha dicho la palabra final, que la Junta había hecho bien su trabajo con el decreto de especies cinegéticas en 2015, que no tenía defectos y contaba con informes suficientes”, ha afirmado el consejero. Según él, la sentencia del Alto Tribunal avala “plenamente” la política de la Junta de Castilla y León respecto a intereses como la salud pública con el control de la zoonosis, los accidentes se tráfico provocados por algunos animales y el mantenimiento del equilibrio entre especies“.

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