CSIF, CCOO y UGT convocan marchas por todas las provincias para reivindicar “los derechos que ya tenían los funcionarios y que les quitaron”

Los tres principales sindicatos -CSIF, CCOO y UGT- convocan marchas por todo Castilla y León después de “el peor año que hemos tenido en negociaciones” ante un Gobierno autonómico “que se niega a negociar e incumple todos los acuerdos”. “Pedimos que deje de decir ante los medios de comunicación que quieren negociar y negocien de verdad”, ha reclamado esta mañana secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT de Castilla y León, Tomás Pérez.

Pérez, junto a Carlos Julio López (CCOO) y Raquel Fernández (CSIF), ha anunciado que el próximo 23 de enero empezarán las marchas por toda la Comunidad para reivindicar el cumplimiento de los acuerdos con los empleados públicos. En esa fecha, de las pocas que está confirmada, se celebrará una marcha en Ávila. Se sucederán movilizaciones por todas las provincias, que terminarán en Valladolid el 27 de febrero, cuando se producirá una marcha autonómica.

Las marchas pretenden integrar a todo tipo de funcionarios, por lo que recorrerán centros sanitarios, docentes y delegaciones territoriales en todas las provincias, según ha concretado la secretaria de acción sindical de CSIF Castilla y León.

Los tres representantes sindicales han reivindicado el cumplimiento del acuerdo de la convocatoria de la carrera profesional, las 35 horas semanales y el pago de los fondos adicionales -el 0,20 y el 0,25% de la masa salarial en los años 2018 y 2019- pactados entre los tres sindicatos y el Gobierno de Rajoy y ratificados por Sánchez.

Raquel Fernández ha recordado la oposición sindical a la Ley de Carrera Profesional aprobada por la Junta en la etapa de Herrera porque la consideraron “precipitada” y no incluía ninguna de sus reivindicaciones. “Incumplen sus propias leyes. Su artículo 7 decía que antes del 31 de diciembre tenía que estar el reglamento y convocarse la carrera profesional. Y no hay ni un borrador del reglamento ni se ha convocado”, ha afeado la representante de CSIF, que ha señalado que en las últimas dos mesas generales de negociación solo se ha formulado una “propuesta” que incluía iniciativas como una entrevista personal “que ya de por sí no puede ser objetiva”. También han reivindicado que la carrera profesional tenga carácter retroactivo, que sea igual para todos los funcionarios y que no suponga una diferencia salarial.

Las 35 horas se comprometieron al final de la pasada legislatura, pero el nuevo Gobierno de Mañueco e Igea no las ha hecho efectivas. Los sindicatos realizaron un requerimiento a la Junta como paso previo a acudir a la Justicia después de los dos meses de espera que marca la normativa. Una medida que han vuelto a tomar para reivindicar el pago de los fondos adicionales. Los sindicatos han calculado que la Junta de Castilla y León debe 240 euros de media a cada uno de los 85.000 funcionarios por este concepto.

“Son derechos que ya teníamos y que nos quitaron de manera unilateral en 2012”, ha insistido Pérez, quien también ha reivindicado que el Gobierno que se anunciará la próxima semana firme un Decreto Ley con la subida de las pensiones y otra sobre los funcionarios. “Sin empleos públicos no hay Estado del Bienestar”, ha remachado el representante de CCOO.

“Estrategia de desinformación”

Carlos Julio López ha cargado contra el vicepresidente autonómico y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y el consejero de Presidencia y Función Pública, Ángel Ibáñez, a quienes ha acusado de utilizar una “estrategia de desinformación”. “No ha habido ninguna negociación seria. Queremos desenmascarar al gobierno que bajo un abrigo de dialogante esconde a un gobierno que no negocia y no cumple sus acuerdos”, ha reprochado.

Los tres líderes sindicales han subrayado que una cosa es reunirse y otra es negociar. “Ahora se ha prorrogado los presupuestos de 2018. No va a haber un instrumento para pagar todo esto”, ha augurado López. Pérez ha añadido que con el nuevo Gobierno, la Junta de Castilla y León no tiene “más excusas” para no aplicar estas mejoras salariales y laborales a sus funcionarios, “la columna de los servicios públicos”.