Un informe jurídico de COAG concluye que los ayuntamientos carecen de competencias sobre purines y estiércoles

Un informe jurídico elaborado por COAG en Castilla y León concluye que los ayuntamientos carecen de competencias para regular sobre el almacenamiento, transporte y aplicación de purines y estiércoles y determina que las ordenanzas reguladoras de los vertidos invaden competencias que corresponden al Estado o a las comunidades autónomas y, en muchos casos, “contienen contradicen y vulneran la ya exigente legislación sectorial de aplicación” por lo que son “nulas de pleno derecho”.

A través de un comunicado de prensa, la OPA ha reclamado “cordura y sentido común” a los regidores municipales para que “paralicen de inmediato” la tramitación de aquellas ordenanzas sometidas actualmente a información pública y deroguen aquellas otras ya de aprobación definitiva, “porque van más allá del ámbito competencial que les corresponde, además de que contravienen o vulneran la legislación de rango superior ya existente al respecto”.

La OPA considera que eso evitará “muchos problemas” a los ganaderos, así como “innumerables reclamaciones” y recursos en los juzgados para los ayuntamientos, por lo que insta a la Junta que impugne las ordenanzas e imponga orden en los consistorios para salvaguardar su propio ámbito competencial.

COAG ha informado de que varios municipios de diferentes provincias están en diferentes fases de elaboración y aprobación de este tipo de ordenanzas, “todas ellas inspiradas en un afán de restringir y condicionar la actividad ganadera”, con requisitos “casi imposibles” de compaginar con el desarrollo de las actividades propias de una explotación gravándolas con nuevos “impuestos” en un contexto de crisis de precios de los productos ganaderos con condiciones que van “mucho más allá” de las que ya tienen por las normativas generales y sectoriales.

“Desde COAG CyL no podemos comprender cómo en dichas ordenanzas se pueden establecer prohibiciones tales como el vertido de purines en el término municipal, cuando procedan de explotaciones ganaderas ubicadas en otros términos municipales, o cómo puede prohibirse la circulación de vehículos por caminos o vías públicas del municipio cuando transporten purines originados fuera del municipio”, han explicado a modo de ejemplo.

La OPA considera que esta “exclusión absoluta” afecta a las competencias de otras administraciones, limita la gestión de otros municipios e incurre en una “total arbitrariedad”, por cuanto no es la procedencia de los purines y estiércoles lo que determina la adecuada gestión de los mismos.