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La justicia anula un decreto que permitía explotaciones ganaderas sin licencia ambiental

Juan Carlos Suárez-Quiñones presenta en León una campaña para promover el reciclaje.

Laura Cornejo

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha vuelto tumbar una norma de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyo titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es juez de profesión. La sala de lo Contencioso-Administrativo es tajante al anular en parte un decreto que permitía la instalación de explotaciones ganaderas sin la preceptiva licencia ambiental. “La modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades”.

Según ha explicado el colectivo que impugnó el decreto, Ecologistas en Acción,  el TSJ ha anulado la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, mediante el Decreto 4/2018 por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León.La sentencia, es en opinión de Ecologistas en Acción, una “excelente noticia” para el medio ambiente de Castilla y León y un “fracaso más” del consejero “incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales”.

La sentencia declara que no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico: La modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa”, precisa la resolución judicial.

El Consejo Consultivo no detectó la vulneración

Ecologistas lamenta que esta “vulneración de la separación de poderes” no fuera advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, considerando su “examen de legalidad” inútil. Para la organización, el tribunal ha detenido “la pretensión de desregulación por esta vía de estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”.

Una conclusión que extraen los ecologistas es que “una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes”. Añaden además que “a otra escala cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan que según denuncia Ecologistas ”era lo que pretendía la Junta. Así ”todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en el último año deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los gastos ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la regulación ahora ilegal“.

De cara a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, Ecologistas espera que su resultado “destierre definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de gobernar, restableciendo las garantías y controles ciudadanos en materia de biodiversidad y de prevención ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información, a la participación y a la tutela judicial efectiva”.

El consejero precisa que la exención era para explotaciones “menos invasivas”

Sin embargo, el consejero realiza una interpretación algo distinta de la de los Ecologistas. Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado este miércoles que el decreto de exención de licencias ambientales para explotaciones que el TSJCyL ha anulado, pretendía facilitar la tramitación administrativa para proyectos en el medio rural “menos invasivos con el medio ambiente”.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios en Valderas (León). Suárez-Quiñones ha precisado que se ha dictado una sentencia que anula “parte” de un decreto de la Junta al tiempo que ha subrayado que tras conocerse el fallo “los ecologistas han salido aplaudiendo” a lo que ha añadido que “cuando los ecologistas más extremos aplauden decisiones hay que echarse a temblar porque siempre es algo contrario al desarrollo del medio rural”.

Seguidamente, el consejero ha aseverado que la Junta cumple las resoluciones al tiempo que ha explicado que el decreto anulado “tiene una intención muy sencilla” y es “poner las menos trabas posibles y facilitar los trámites administrativos” cuando alguien quiere impulsar un proyecto en el medio rural.

Al respecto, ha significado que se trata de un decreto que surge de un acuerdo de la Junta para reducir las cargas administrativas pero, “diferenciaba” entre instalaciones industriales en el campo invasivas, que “están y estarán sometidas a autorización ambiental rigurosa”, e instalaciones “menos invasivas con el medio ambiente” y a las que se trata de facilitar la tramitación administrativa “pero cumpliendo unos requisitos”.

Por ello, cree que Ecologistas en Acción “ha faltado a la verdad” con la nota de prensa que han remitido a los medios en la que dicen que “cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves” tampoco se podrán ubicar en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, “que era lo que pretendía la Junta.

No obstante, Juan Carlos Suárez Quiñones reconoce que no ha estudiado en profundidad el fallo pero considera que no hay “tacha de irregularidad” en facilitar la labor de los empresarios de las explotaciones menos intensas.

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